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martes, 24 de julio de 2012

Balance del Plan de Ajuste Laboral (Pal) entre EU y Colombia

En relación con medidas de protección de los derechos sindicales en el marco de la implementación del Tratado de Libre Comercio.
Colaboración de Jorge Castellanos
Los presidente  de EEUU y  Colombia celebrando
el tratado comercial entre las partes
(WASHINGTON, D.C., 24 de julio) – Sindicalistas colombianos, representantes de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), la Escuela Nacional Sindical y la AFL-CIO señalaron durante una mesa redonda realizada el día de hoy, que el Plan de Acción Laboral (PAL) no ha  detenido las serias violaciones a los derechos humanos y laborales en Colombia ya a casi dos meses de que el tratado de libre comercio entre Estados Unidos y Colombia entrara en vigor.
Miguel Conde, fiscal general del local de Puerto Wilches del sindicato colombiano SINTRAINAGRO, que habló en el panel, explicó que la situación actual en Colombia hace muy  difícil que los trabajadores se asocien libremente para negociar mejores condiciones de trabajo. “Debido a restricciones legales, intimidación de grupos armados y el surgimiento de las cooperativas ilegales, ahora es más fácil formar un grupo guerrillero que un sindicato en Colombia", dijo el líder sindicalista.
Los participantes del panel también dieron a conocer un informe de la AFL-CIO que detalla la falta de progreso en materia de seguridad y respeto a los derechos laborales en Colombia. El informe destacó los pasos necesarios para abordar las deficiencias del PAL para garantizar la seguridad de los sindicalistas colombianos.
“Hasta ahora, el PAL no ha logrado cumplir el objetivo de tomar medidas enérgicas contra las cooperativas ilegales y otras formas de subcontratación para que así los trabajadores puedan ser contratados directamente por los empleadores y puedan ejercer sus derechos fundamentales a la libertad de asociación, organización y negociación colectiva”, declaró Celeste Drake, especialista en política de intercambio comercial de la AFL-CIO. “En lugar de que los gobiernos de Estados Unidos o Colombia declaren la victoria, la AFL-CIO insta a ambos gobiernos a comprometer los considerables recursos y la intensa voluntad política necesarios para garantizar que los cambios prometidos se hagan realidad”.
Los participantes repitieron lo que los sindicatos colombianos, las ONGs y el movimiento laboral internacional ya han dejado en claro: El PAL no ha logrado un impacto positivo en las relaciones laborales colombianas para justificar la entrada a un acuerdo comercial bilateral. Sin embargo, ahora que éste ya está en vigor, aquellos que se preocupan de los derechos laborales en Colombia, solo tienen una opción: redoblar los esfuerzos para hacer que el PAL funcione. La magnitud de los cambios que se necesitan significa que la implementación será un proceso que durará varios años.

“Los Presidentes Obama y Santos otorgaron a las compañías multinacionales y a los intereses comerciales su TLC”, señaló Gimena Sánchez-Garzoli, asociada principal para Colombia y los Andes de WOLA. “Ellos también deben cumplir con la promesa que hicieron a los trabajadores de implementar completamente el Plan de Acción Laboral entre los Estados Unidos y Colombia. Parar la violencia en contra de los sindicalistas, la justicia para más de 2,600 casos de asesinatos de sindicalistas y el desmantelamiento de contratistas externos, no solo son importantes para los trabajadores colombianos, sino también son clave para una relación económica justa entre los Estados Unidos y Colombia”.  
Colombia continúa siendo una de las naciones más peligrosas en el mundo para sindicalistas. Solamente el año pasado fueron asesinados 30 sindicalistas por sus actividades sindicales. En lo que va del 2012, ya han sido asesinados 11 sindicalistas. Jhonsson Torres, uno de los sindicalistas que ha sido directamente afectado por la violencia, es uno de los miembros fundadores del sindicato de cortadores de caña (SINALCORTEROS) y, durante el panel, enfatizó la falta de protección y las constantes violaciones de derechos humanos, incluso después de que el PAL entrara en vigencia.
“Después de una exitosa huelga de dos meses en donde pudimos mejorar las condiciones laborales, el gobierno colombiano impuso cargos de conspiración a nosotros y a nuestros aliados”, indicó Torres. “El 27 de abril, el secretario general de nuestro sindicato, Daniel Aguirre, fue asesinado. Los culpables todavía no han sido encontrados. Hace algunos meses, yo recibí amenazas de muerte. Nuestro gobierno, al entrar en vigencia el tratado comercial, nos dijo que mejoraría nuestra seguridad. Todavía temo por mi vida y la seguridad de mis seres queridos”.  
Drake insistió que el Ministerio de Trabajo de Colombia haga cumplir de una forma efectiva y constate el PAL sin más retrasos.
“La implementación del tratado de libre comercio entre los Estados Unidos y Colombia no debe ser el final de la historia de los derechos laborales en Colombia, más bien deber ser el comienzo”, indicó.
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sábado, 28 de enero de 2012

Gobierno garantiza los DD.HH. dijo el ministro del interior

 A su llegada a la ciudad de Bucaramanga, el ministro de Interior Germán Vargas Lleras instaló en compañía del gobernador de Santander, Richard Aguilar Villa, la Mesa Nacional de Garantías de Derechos Humanos. Al evento asistieron entre otros, el embajador de Suiza en Colombia, Didier Pfirter, congresistas y defensores de Derechos Humanos.
En su discurso aseguró que la aplicación de la Ley de Víctimas es un documento serio del Gobierno nacional, dándoles un parte de tranquilidad a todos los actores sociales  que trabajan en el departamento por los derechos humanos.

Adalberto Ospina, delegado de las organizaciones en Santander instó al gobierno nacional a reconocerlo como actores políticos que merecen protección y garantías para defender los derechos humanos. El ministro Vargas Lleras le respondió de inmediato dándole un parte de seguridad y voluntad para proteger las actividades encaminadas a la búsqueda de la paz.
“El balance sobre el tema de derechos humanos en Santander es positivo, el comité local y las mesas departamentales para aplicar las políticas del gobierno han sido oportunas; de manera tal que en tema de seguridad, el gobierno les garantiza la seguridad a los defensores de derechos humanos, líderes, periodistas, sindicalistas y otros”, aseguró el ministro. 
En su alocución dijo que el proceso de restitución de tierras va muy enserio. El año pasado el gobierno dispuso varios billones de pesos para la aplicación de la Ley de Víctimas, y entre estos recursos están los que conciernen a la protección de líderes del proceso de restitución.
Finalmente recordó que con el fin de cumplir con lo dispuesto en la Ley de Víctimas, el Presidente de la República, Juan Manuel Santos ordenó que  la dirección nacional de estupefacientes acelere ante los jueces del país, los procesos de extinción de dominio para que no menos de 500 mil hectáreas contribuyan a fortalecer este proceso.
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