El amplio documento de la organización que dirige, Daniela Konietzko
Calero, incluye en sus recomendaciones, la autonomía, cuidado, inclusión financiera
y digital, entre otras, como los ejes de estas recomendaciones construidas por
la Fundación WWB Colombia, dirigidas a cerrar brechas de desigualdad para las
mujeres.
Sostiene el documento, que en un año decisivo para orientar la agenda de
desarrollo del país, Colombia enfrenta desafíos estructurales que condicionan
su productividad y su crecimiento de largo plazo, en particular las
desigualdades en acceso a empleo, ingresos y activos que afectan a las
mujeres. Según cifras del DANE, ellas (las mujeres) dedican más del doble
de tiempo que los hombres al trabajo de cuidado no remunerado, principalmente
labores domésticas y de atención a dependientes, presentan menores tasas de
participación laboral y perciben ingresos más bajos. La CEPAL ha advertido que
la organización desigual del cuidado es uno de los principales frenos al
crecimiento inclusivo en América Latina. Cuando el trabajo no remunerado recae
de forma desproporcionada sobre las mujeres, se restringe su inserción laboral,
se limita su acceso al crédito y se debilita su acumulación patrimonial.
Frente a este panorama,
la Fundación WWB Colombia, que trabaja en el cierre de brechas de desigualdad
para las mujeres y en promover su participación activa en el desarrollo
económico, Formuló “10 recomendaciones estratégicas para la inclusión,
la equidad y el desarrollo social del país 2026–2030”
El documento articula cinco dimensiones estratégicas: autonomía económica, cuidado, inclusión
financiera, seguridad y protección, así como gobernanza basada en datos.
Las 10 recomendaciones
Autonomía y formalización productiva
Formalización con propósito:
implementar una ruta gradual, gratuita y simplificada que no castigue al
micronegocio de subsistencia, sino que lo conecte con asistencia técnica y
mercados.
Titulación con enfoque de
género: agilizar la titulación conjunta y preferencial de tierras para mujeres
rurales, garantizando que la propiedad sea el respaldo real para el acceso al
crédito formal.
Compras públicas y redes de
valor: crear redes de comercialización que vinculen obligatoriamente a
micronegocios liderados por mujeres con cadenas de suministro estatales y de
grandes empresas.
El cuidado como infraestructura económica
Sincronización de servicios de
cuidado: desplegar centros de cuidado (infancia, vejez, discapacidad) cuyos
horarios coincidan con la jornada laboral y comercial de las mujeres,
eliminando la barrera del tiempo para generar ingresos.
Reconocimiento del cuidado
comunitario: financiar modelos donde el Estado remunera y acredita el cuidado
comunitario y ancestral en zonas de baja oferta institucional.
Inclusión financiera y digital
Historial crediticio
alternativo: utilizar la data transaccional del sistema financiero para
construir perfiles de crédito que reconozcan la capacidad real de pago de las
mujeres, eliminando sesgos de los algoritmos tradicionales.
Protección ante riesgos
climáticos: escalar créditos con pagos ajustados a ciclos de cosecha y
microseguros sociales de bajo costo para proteger el patrimonio de las
emprendedoras ante emergencias climáticas o de salud.
Seguridad y salud para la autonomía
Salud sexual y pertinencia
territorial: financiar infraestructura de salud en zonas dispersas que integre
el diálogo con los saberes locales, reconociendo que la autonomía reproductiva
es base para romper ciclos de pobreza.
Alivios en precios de
medicamentos asociados a la salud sexual y reproductiva: implementar regulaciones y mecanismos de compra que
reduzcan costos y garanticen disponibilidad oportuna.
Inclusión de productos de
higiene menstrual en kits de emergencia: asegurar su disponibilidad en la
asistencia humanitaria, garantizando condiciones de dignidad y continuidad del
cuidado.
Para garantizar la viabilidad de estas recomendaciones, el documento
incorpora un componente transversal de gobernanza basada en evidencia, para que
los sistemas de recolección de información sobre autonomía económica sean
válidos si incluye variables de género, etnia y territorio. Solo mediante esta
transparencia estadística el presupuesto nacional podrá responder a las brechas
reales.
“La autonomía económica es una condición estructural para el desarrollo
sostenible. Cuando una mujer fortalece su capacidad productiva y financiera,
amplía su poder de decisión y fortalece la estabilidad de su entorno”, afirmó
Daniela Konietzko, presidenta de la Fundación WWB Colombia.
La Fundación concluye que esta agenda responde a criterios de eficiencia
económica y sostenibilidad. Reducir brechas en participación e ingresos
dinamiza mercados locales, incrementa la resiliencia de los hogares y
contribuye a una base tributaria más sólida. Avanzar en esta dirección es una
condición para elevar la competitividad del país y consolidar un crecimiento
más estable y sostenible en el mediano y largo plazo.
El informe completo está disponible para consulta pública y busca servir como insumo técnico para tomadores de decisión, sector privado, academia y organizaciones sociales comprometidas con un desarrollo más incluyente y sostenible para Colombia en el período 2026–2030…Aquí el Informe
Fuente: Comunicaciones SecNewgate (Daniela Bonilla)





.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)



















