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martes, 24 de julio de 2012

Balance del Plan de Ajuste Laboral (Pal) entre EU y Colombia

En relación con medidas de protección de los derechos sindicales en el marco de la implementación del Tratado de Libre Comercio.
Colaboración de Jorge Castellanos
Los presidente  de EEUU y  Colombia celebrando
el tratado comercial entre las partes
(WASHINGTON, D.C., 24 de julio) – Sindicalistas colombianos, representantes de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), la Escuela Nacional Sindical y la AFL-CIO señalaron durante una mesa redonda realizada el día de hoy, que el Plan de Acción Laboral (PAL) no ha  detenido las serias violaciones a los derechos humanos y laborales en Colombia ya a casi dos meses de que el tratado de libre comercio entre Estados Unidos y Colombia entrara en vigor.
Miguel Conde, fiscal general del local de Puerto Wilches del sindicato colombiano SINTRAINAGRO, que habló en el panel, explicó que la situación actual en Colombia hace muy  difícil que los trabajadores se asocien libremente para negociar mejores condiciones de trabajo. “Debido a restricciones legales, intimidación de grupos armados y el surgimiento de las cooperativas ilegales, ahora es más fácil formar un grupo guerrillero que un sindicato en Colombia", dijo el líder sindicalista.
Los participantes del panel también dieron a conocer un informe de la AFL-CIO que detalla la falta de progreso en materia de seguridad y respeto a los derechos laborales en Colombia. El informe destacó los pasos necesarios para abordar las deficiencias del PAL para garantizar la seguridad de los sindicalistas colombianos.
“Hasta ahora, el PAL no ha logrado cumplir el objetivo de tomar medidas enérgicas contra las cooperativas ilegales y otras formas de subcontratación para que así los trabajadores puedan ser contratados directamente por los empleadores y puedan ejercer sus derechos fundamentales a la libertad de asociación, organización y negociación colectiva”, declaró Celeste Drake, especialista en política de intercambio comercial de la AFL-CIO. “En lugar de que los gobiernos de Estados Unidos o Colombia declaren la victoria, la AFL-CIO insta a ambos gobiernos a comprometer los considerables recursos y la intensa voluntad política necesarios para garantizar que los cambios prometidos se hagan realidad”.
Los participantes repitieron lo que los sindicatos colombianos, las ONGs y el movimiento laboral internacional ya han dejado en claro: El PAL no ha logrado un impacto positivo en las relaciones laborales colombianas para justificar la entrada a un acuerdo comercial bilateral. Sin embargo, ahora que éste ya está en vigor, aquellos que se preocupan de los derechos laborales en Colombia, solo tienen una opción: redoblar los esfuerzos para hacer que el PAL funcione. La magnitud de los cambios que se necesitan significa que la implementación será un proceso que durará varios años.

“Los Presidentes Obama y Santos otorgaron a las compañías multinacionales y a los intereses comerciales su TLC”, señaló Gimena Sánchez-Garzoli, asociada principal para Colombia y los Andes de WOLA. “Ellos también deben cumplir con la promesa que hicieron a los trabajadores de implementar completamente el Plan de Acción Laboral entre los Estados Unidos y Colombia. Parar la violencia en contra de los sindicalistas, la justicia para más de 2,600 casos de asesinatos de sindicalistas y el desmantelamiento de contratistas externos, no solo son importantes para los trabajadores colombianos, sino también son clave para una relación económica justa entre los Estados Unidos y Colombia”.  
Colombia continúa siendo una de las naciones más peligrosas en el mundo para sindicalistas. Solamente el año pasado fueron asesinados 30 sindicalistas por sus actividades sindicales. En lo que va del 2012, ya han sido asesinados 11 sindicalistas. Jhonsson Torres, uno de los sindicalistas que ha sido directamente afectado por la violencia, es uno de los miembros fundadores del sindicato de cortadores de caña (SINALCORTEROS) y, durante el panel, enfatizó la falta de protección y las constantes violaciones de derechos humanos, incluso después de que el PAL entrara en vigencia.
“Después de una exitosa huelga de dos meses en donde pudimos mejorar las condiciones laborales, el gobierno colombiano impuso cargos de conspiración a nosotros y a nuestros aliados”, indicó Torres. “El 27 de abril, el secretario general de nuestro sindicato, Daniel Aguirre, fue asesinado. Los culpables todavía no han sido encontrados. Hace algunos meses, yo recibí amenazas de muerte. Nuestro gobierno, al entrar en vigencia el tratado comercial, nos dijo que mejoraría nuestra seguridad. Todavía temo por mi vida y la seguridad de mis seres queridos”.  
Drake insistió que el Ministerio de Trabajo de Colombia haga cumplir de una forma efectiva y constate el PAL sin más retrasos.
“La implementación del tratado de libre comercio entre los Estados Unidos y Colombia no debe ser el final de la historia de los derechos laborales en Colombia, más bien deber ser el comienzo”, indicó.
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sábado, 13 de noviembre de 2010

Sigue proceso contra Santos y Gaviria acusados de calumnia agravada

Esta es DigiRadiocom de Colombia, desde Bucaramanga para el mundo; editor: Bernardo Socha Acosta
Fuente: El nuevo Siglo.com

Francisco Santos y Jose Obdulio Gaviria
Foto: Radio Santafe


El escrito de acusación al ex asesor presidencial José Obdulio Gaviria y al ex vicepresidente Francisco Santos por el delito de calumnia agravada fue radicado ayer por un fiscal delegado ante la Corte Suprema.

La audiencia de acusación se realizará en unos 30 días, poco antes de que comience la vacancia judicial. El caso por el que están procesados Gaviria y Santos está relacionado con una denuncia presentada por dirigentes sindicales de Sintraunicol, Sintrateléfonos y Simtraemcali, organizaciones afiliadas a la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), quienes en agosto de 2007 participaron en Quito en el Décimo Primer Seminario Internacional Problemas de la Revolución en América Latina.

Tras su participación en ese evento, Santos habría calificado su intervención como “apología del terrorismo” e intento de “apoyar a la lucha armada”, mientras que Gaviria consideró que los líderes sindicales hacían parte de “la cofradía universal del terrorismo”.

A la imputación de cargos que se realizó hace tres semanas no asistieron ni Santos ni Gaviria.

En su momento, la CUT consideró, a través de un comunicado, que “pese a las recomendaciones de organismos multilaterales de Naciones Unidas, de la Organización Internacional del Trabajo, OIT y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH-OEA, para frenar declaraciones temerarias contra organizaciones sociales, sindicalistas y defensores de derechos humanos cuyo objetivo era estigmatizarlas y situarlas en posiciones proclives al terrorismo, el ex presidente Álvaro Uribe” y “su vicepresidente Francisco Santos, entre otros altos miembros del gobierno, continuaron con las aseveraciones injuriosas y calumniosas que pusieron a dichas organizaciones en punto de mira de los grupos paramilitares”.

La CUT, junto con otras organizaciones sindicales, sociales, políticas, indígenas, afrodescendientes y de derechos humanos, le solicitaron a Santos declararse impedido para informar desde el noticiero que dirige en RCN La Radio “no sólo sobre este caso sino respecto a las noticias que hacen referencia a la legítima labor de los sindicatos y sindicalistas en Colombia y los graves ataques que éstos han sufrido debido a la existencia de posiciones antisindicales como las expresadas por el entonces Vicepresidente de la República”.
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