Proyecto de ley de víctimas a tercer debate

Colaboración reenviada por Jorge Castellanos

Tomado de: Caja de Herramientas, semanario virtual

Por: Bárbara González Medina

Asesora jurídico política Corporación Viva la Ciudadanía

Al finalizar el día martes 1 de marzo se radicó la ponencia del proyecto de ley de víctimas para que inicie su tercer debate en el Senado de la República, al parecer después de varios pulsos políticos entre algunos congresistas y el Gobierno Nacional, éste último encargado de defender el proyecto como uno de sus principales desde que lo radicó en el Congreso el 27 de septiembre de 2010.

Dentro esos pulsos políticos están las propuestas del senador Roy Barreras del Partido de la U, quien defiende lo que él ha llamado como el contrato de transacción, esto es que las víctimas no reciban más de una indemnización, otra propuesta es que Acción Social siga siendo la entidad encargada de repartir las indemnizaciones.

Con relación a lo primero, el senador Roy Barrera regresa a uno de los puntos que tanta discusión generó en el debate del proyecto de ley tramitado en el año 2009, y es la necesaria independencia de la reparación administrativa y la reparación judicial, de no hacerse, se desconoce el principio de complementariedad y el derecho a la justicia. Con relación a lo segundo, la Corte Constitucional ha emitido varios Autos de cumplimiento precisamente orientados a señalar los vacíos del Estado con relación a la respuesta que debe dar a las víctimas del desplazamiento forzado. En el Auto 385 de 2010 indicó que: “...hasta ahora no ha sido atendido de manera adecuada el problema más recurrente que aumenta la presión sobre las autoridades nacionales y que confirma la gravedad de la crisis humanitaria que vive la población desplazada, así como el número de acciones de tutela solicitando la protección de los jueces: la falta de garantía efectiva de los mínimos de protección. Esta situación sigue siendo tan crítica hoy en día, que a pesar del volumen de recursos asignados a la entidad responsable de coordinar los esfuerzos de las entidades que hacen parte del SNAIPD, la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional - Acción Social, los problemas administrativos y operativos en la atención a la población desplazada ha llegado en algunos casos a situaciones peores que las señaladas en la sentencia T-025 de 2004”. LEER MÁS