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| Foto: La cronica del Quindio |
El director
de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Javier
Pava Sánchez, anunció que mediante Resolución N° 265 del 16 de marzo de 2023,
se declararon áreas de utilidad pública e interés social en los municipios de
Rosas, Timbío, Sotará, Patía, Mercaderes y Sucre del departamento del Cauca.
El representante
del gobierno explicó que el propósito central de la resolución es restablecer
los derechos de las 222 familias que resultaron damnificadas en el
Cauca, tras el deslizamiento del 9 de enero de este año.
Además,
aseguró que gracias a este mecanismo se definirán las áreas prioritarias de
intervención indispensables para la compra de tierras rurales y el desarrollo
de proyectos productivos que permitirán el reasentamiento de las familias
damnificadas.
“Con la
resolución esperamos tener disponibles 4 predios que suman en total 1.430
hectáreas. Una vez recibidos estos predios vamos a hacer una ocupación
temporal que permita iniciar la autoconstrucción de viviendas y el desarrollo
de proyectos productivos”, precisó el director general de la UNGRD.
El
funcionario destacó que esta es la primera vez que en el país que se aplican
los artículos 74, 75 y 76 de la Ley 1523 de 2012, por la cual se adopta la
Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, a los que se ha referido
el presidente Gustavo Petro.
“Es
indispensable que este tipo de medidas se empiecen a adoptar para todos los
damnificados del país. Nosotros, desde la UNGRD, estamos totalmente
comprometidos con los damnificados de Colombia. El tiempo que requerimos para
avanzar en este tema lo hemos dedicado a la ubicación de diferentes predios y a
la búsqueda de varias alternativas hasta concretar un mecanismo que hoy podemos
anunciar a la ciudadanía en general sobre las medidas que vamos a establecer
para el restablecimiento de los derechos de quienes lo han perdido todo en
medio de esta tragedia”, enfatizó el director general del organismo.
Igualmente, Javier
Pava Sánchez se solidarizó con las familias afectadas, al tiempo que se
comprometió con ellas a que, “en el menor tiempo posible resolvamos la
situación de miles de familias”.
Por último,
aseguró que el Gobierno trabaja incansablemente para que a las 222 familias
afectadas el 9 de enero de este año, junto a las 156 damnificadas por las
emergencias del 2010 y 2019, se les restablezcan sus derechos.
“Es mi deber
como director general de la UNGRD dar cumplimiento a la ley. Mi equipo de
trabajo, y yo personalmente, estamos comprometidos de corazón para hacer de la
Gestión del Riesgo de Desastres un proceso que transite de la asistencia
humanitaria a la garantía de derechos”, puntualizó Javier Pava Sánchez,
director general de la UNGRD.
(FIN)
Fuente: Ginna
Santisteban
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Prensa Fondo Adaptación
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