• Agregó que, de conformidad
con lo resuelto por la Corte Interamericana, es su deber “reconocer la
responsabilidad del Estado por la falta de esclarecimiento judicial de los
hechos, por el retardo injustificado en la administración de justicia, por las
alteraciones a la escena del crimen, por las irregularidades en el
levantamiento de los cadáveres, y por los múltiples errores en la
identificación y entrega de los cuerpos”.
• El Presidente Santos anunció
que el Estado colombiano “continuará con la implementación de las medidas de
reparación ordenadas en la sentencia, las cuales han sido lideradas
directamente desde la Presidencia de la República, a través de la Consejería
Presidencial para los Derechos Humanos”.
• “La cicatriz solo se irá
borrando en la medida en que haya respuestas, verdad y compromiso por encontrar
a los desaparecidos”, sostuvo.
Bogotá, 6 nov (SIG).
En cumplimiento de una
sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Presidente Juan
Manuel Santos hizo este viernes un reconocimiento público de la responsabilidad
internacional del Estado de Colombia en el caso conocido como ‘Rodríguez Vera y
otros’ desaparecidos del Palacio de Justicia en Bogotá, durante los hechos
ocurridos el 6 y 7 de noviembre de 1985, hace 30 años.
Durante el acto realizado hoy
en el Palacio de Justicia, en el que estuvo acompañado por familiares de las
víctimas, magistrados de las Altas Cortes, el Fiscal General, el Contralor
General, el Nuncio Apostólico, embajadores, representantes de la Corte
Interamericana y los presidentes de Senado y Cámara, entre otros, el Jefe de
Estado recordó que “aquí, hace 30 años, este edificio construido para impartir
justicia fue escenario de horrores y atrocidades”.
Afirmó que “en un suceso que
vivirá por siempre en la memoria de los colombianos, aquí se vivió la guerra
misma, esa guerra de explosiones y ráfagas de fusil que solo parecía ocurrir en
los noticieros, en lugares alejados de las ciudades”.
“Aquí se sacrificó a la
Justicia y a sus más altos magistrados, además de abogados, funcionarios y
visitantes ocasionales del Palacio, y comenzó la tragedia de otros tantos que
hasta este momento se sigue descubriendo en todos sus detalles”, señaló.
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| El jefe del estado contempla los rostros de los magistrados inmolados |
El Presidente Santos expresó
también su solidaridad y afecto a los familiares de quienes perdieron a sus
seres queridos en los “hechos funestos” del Palacio de Justicia.
Reconocimiento de
responsabilidad y petición de perdón.
Acto seguido y tras considerar
que la paz es perdón, reconciliación y reencuentro, pero también admitir
responsabilidades”, el Jefe de Estado procedió a cumplir con las medidas de
reparación ordenadas en la citada sentencia de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, lo cual hizo con las siguientes palabras:
“Hoy reconozco la
responsabilidad del Estado colombiano y pido perdón por:
• Las desapariciones forzadas
de Carlos Augusto Rodríguez Vera, Cristina del Pilar Guarín Cortés, David
Suspes Celis, Bernardo Beltrán Hernández, Héctor Jaime Beltrán Fuentes, Gloria
Stella Lizarazo Figueroa, Luz Mary Portela León, Lucy Amparo Oviedo Bonilla,
Gloria Anzola de Lanao e Irma Franco Pineda.
• Por la desaparición forzada
y ejecución extrajudicial del magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán Rojas.
Con estos hechos el Estado
violó el deber de respeto y garantía a los derechos a la vida, a la libertad
personal, a la integridad personal y al reconocimiento de la personalidad
jurídica, consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y el
artículo primero de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada.
• Por la falta de determinación
del paradero de Ana Rosa Castiblanco Torres por 16 años, y de Norma Constanza
Esguerra Forero hasta la actualidad, lo que generó la violación del derecho a
la vida en relación del deber de respeto y garantía de la Convención Americana.
• Por la detención y tortura
de Yolanda Santodomingo Albericci, Eduardo Matson Ospino y José Vicente
Rubiano, lo que generó una violación a sus derechos a la integridad y libertad
personal. En perjuicio del señor Rubiano, el Estado también violó su derecho a la
vida privada.
La Corte consideró que algunos
de los maltratos a los que fue sometida Yolanda Santodomingo Albericci fueron
agravados en su condición de mujer y en razón de su género.
• Por la detención y los
tratos crueles y degradantes cometidos en perjuicio de Orlando Quijano, lo que
generó una violación a sus derechos a la integridad y libertad personal.
Adicionalmente, quiero
manifestarles a los padres, a las madres, a las esposas y esposos, a los y las
compañeras permanentes, a los hijos, a los hermanos de las víctimas, que
lamentamos profundamente lo ocurrido con sus familiares.
Algunos padres, abuelos,
familiares, murieron con la angustia de no haber conocido la suerte de sus
seres queridos, y eso también nos duele.
Por eso –en nombre del Estado–
pido perdón por el incumplimiento al deber de prevención con las personas que
se encontraban en el Palacio de Justicia, por la violación de sus derechos a la
integridad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como del artículo primero
de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada, y los artículos 1,
6 y 8 de la Convención Interamericana contra la Tortura”.
‘Lo hago de corazón, no solo
para cumplir una orden’
Al terminar esta primera parte
del acto de reconocimiento del Estado colombiano y de petición de perdón por
los hechos mencionados, el Presidente de la República dijo que hacía esto “de
corazón” y “no solo para cumplir una orden”.
“Porque ningún colombiano,
ninguno, puede verse expuesto a la vulneración de sus derechos por parte de
agentes del Estado, que están para protegerlos, ni de cualquier otra persona”,
recalcó.
“Aquí se presentó una acción
lamentable, absolutamente condenable, del M-19, pero, si hubo fallas en la
conducta y procedimientos de los agentes del Estado, así debe reconocerse”,
sostuvo.
‘Todavía persiste una deuda
moral’
El Mandatario consideró que
hoy “lo más importante, lo que todavía imploran muchos familiares, es que se
conozca la verdad sobre sus seres queridos”, lo cual ocurre también con
los “tantos hechos de violencia que se
han presentado en este país durante las últimas décadas”.
El Jefe de Estado dijo que
“todavía persiste una deuda moral con las víctimas y familiares del Palacio de
Justicia, que deberá ser saldada con avances significativos en las
investigaciones penales, la condena de los responsables, el establecimiento del
paradero de los desaparecidos, la adecuada reparación a las víctimas y sus
familiares y, sobre todo, el esclarecimiento de la verdad”.
Agregó que, de conformidad con
lo resuelto por la Corte Interamericana, es su deber “reconocer la responsabilidad
del Estado por la falta de esclarecimiento judicial de los hechos, por el
retardo injustificado en la administración de justicia, por las alteraciones a
la escena del crimen, por las irregularidades en el levantamiento de los
cadáveres, y por los múltiples errores en la identificación y entrega de los
cuerpos”.
Llamado a avanzar prontamente
en la búsqueda de la verdad y la ubicación de los otros desaparecidos.
Al proceder a cumplir una
segunda parte de la sentencia, el Presidente de la República recordó que, en
días pasados, dentro de la investigación adelantada por la Fiscalía General de
la Nación, se logró la identificación de los restos de “Cristina del Pilar
Guarín Cortés, Luz Mary Portela León y Lucy Amparo Oviedo, víctimas de
desaparición reconocidas en la sentencia de la Corte Interamericana”.
Al respecto, el Mandatario
consideró que hay que destacar este progreso
importante, pero también hizo un llamado a que se avance prontamente en
la búsqueda de la verdad y la ubicación de los otros desaparecidos.
“Por eso insisto: nuestro
compromiso con la paz también lo es con la verdad, con la reconciliación y con
el perdón. Nuestro compromiso también es con los miles de desaparecidos que
reportan las cifras oficiales”, dijo.
Aseguró además que los
colombianos “necesitamos sanar las heridas” y consideró que “la cicatriz solo
se irá borrando en la medida en que haya respuestas, verdad y compromiso por
encontrar a los desaparecidos”.
El Estado continuará con las
medidas de reparación
El Presidente Santos anunció
que el Estado colombiano, respetuoso de sus compromisos internacionales y de
las decisiones proferidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
“continuará con la implementación de las medidas de reparación ordenadas en la
sentencia, las cuales han sido lideradas directamente desde la Presidencia de
la República, a través de la Consejería Presidencial para los Derechos
Humanos”.
“No me queda más que reiterar
nuestra solidaridad con los familiares de las víctimas y, aunque sabemos que
nada podrá reparar el vacío y el dolor que ha dejado cada uno de sus seres
queridos, espero que este acto contribuya con su reparación integral y permita
forjar un camino de reconciliación”, dijo.
“Han pasado 30 años, es mucho tiempo, y quisiera
que retorne su confianza en las instituciones, porque éstas hoy trabajan, hoy
trabajamos, por un país en paz, sin violencia y respetuoso de los derechos
humanos. La Justicia ardió en Bogotá entre el 6 y el 7 de noviembre de 1985.
Hoy, 6 de noviembre de 2015, queremos que la Justicia y la Verdad brillen de
nuevo”, concluyó el Presidente de la República.
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