La seguridad democrética en Colombia

Viene de Opinion Ideonea

Esta es DigiRadiocom de Colombia, desde Bucaramanga para el mundo; editor: Bernardo Socha Acosta

Si bien durante las desastrosas conversaciones de El Caguán, las FARC ganaron terreno militar, su arrogancia las llevó a creer que ya eran un cuasi-ejército y que no necesitaban apoyarse en principios esenciales de la guerra de guerrillas. Por eso, además de golpes menores, con menos significación relativa que los sufridos por la Fuerza Pública, mal dirigida y desgastada por la malaria, la leishmaniasis, las minas antipersona y los francotiradores, las FARC recurrieron a la ‘hibernación', identificada con el calificativo de ‘repliegue estratégico' por los medios. Además, no se preocuparon por cambiar su estrategia de ‘repliegue pasivo', con el fin de recuperar la iniciativa. Por ello, fueron despertadas a la realidad por el cambio estratégico de la Fuerza Pública, sin que se percataran pronto de que seguían siendo una guerrilla.

Su prolongada ventaja de dispersión en frentes en el territorio nacional se trocó en desventaja al ser superados sus sofisticados equipos de comunicación por los de la Fuerza Pública. La interceptación de comunicaciones de la guerrilla fue definitiva para recibir certeros golpes, sin que al mismo ritmo asimilaran su nueva situación. Tan sólo luego de la ‘Operación Jaque' se convencieron de su condición de guerrilla en retirada y de la necesidad de usar su olvidado principio guerrillero de adaptación a las circunstancias.

A partir de allí, las FARC han recibido escasos golpes importantes, como el de la ‘Operación Fuerte', en febrero de 2009, en Sumapaz. No obstante, han sido significativas la reducción de sus efectivos, las deserciones y las filtraciones de información. Éstas han sido alentadas por el énfasis creciente en recompensas y beneficios brindados por el Gobierno a desertores y criminales, ignorando normas vigentes y sin escrúpulos éticos. Este énfasis corresponde al decrecer de rendimientos en las operaciones militares contra las FARC, que han recuperado parte de la iniciativa.

En el plano político, la preocupación principal de la PSD ha sido acabar con el espacio nacional e internacional ganado por las FARC. Pero su mayor logro ha sido interno. La multitudinaria marcha en contra del secuestro, en febrero de 2008, alentada por el odio contra esa guerrilla, es una muestra significativa al respecto. Sin embargo, ese odio, inducido oficialmente con base en los crímenes de la guerrilla, ha sido usado para alimentar la polarización de la opinión pública a favor del Gobierno, al identificar cualquier crítica en su contra con condescendencia o alianza con las FARC y el terrorismo.

La persistencia en el uso de medios militares y la pobreza en el empleo de recursos políticos en la ‘seguridad democrática' han llevado a un estancamiento estratégico en la Fuerza Pública, sin que se vislumbren cambios que incorporen medidas políticas novedosas. Éstas serían necesarias para frenar el aumento desmedido del presupuesto en seguridad y en recursos militares. Sin dejar de crecer el presupuesto, han disminuido las confrontaciones entre militares y guerrilla, al tiempo que han aumentado los golpes de mano de las FARC. En términos de efectivos, según la Fundación Nuevo Arco Iris, a comienzo de 2009, las FARC tenían cerca de 10.800, en 64 frentes, y de acuerdo con la Fundación Seguridad & Democracia, 7.000.

Recuperación y consolidación territorial

En este punto se deben destacar tres estrategias del gobierno Uribe:

- La principal fue la llamada ‘Viva Colombia viaja por ella', para recuperar la movilidad en las carreteras, afectada por el temor de grupos medios y altos ante los secuestros, sobre todo en los ‘falsos retenes' y las llamadas ‘pescas milagrosas' de las guerrillas. Su efecto favorable fue inmediato en la percepción de seguridad frente a estos grupos. Avanzada la ‘hibernación' de las FARC, pero sobre todo la PCSD, la capacidad de secuestro guerrillero mediante esta modalidad desapareció.

- La recuperación de las cabeceras municipales de zonas controladas por las guerrillas fue un proceso difícil, lento e improvisado. Los ‘soldados campesinos', luego llamados ‘soldados de mi pueblo', cumplen funciones de policía que no les corresponde: mantener territorios. Por otra parte, la estigmatización oficial de la población civil de esas zonas se reflejó en los primeros años en la creación de amplias redes de informantes improvisados y en redadas masivas plenas de arbitrariedades, que terminaban con liberaciones de la mayoría, judicializaciones sin mayor fundamento y hasta asesinatos. A diferencia de las ciudades, donde la Fuerza Pública alcanzó niveles de aceptación sin precedentes, en esas zonas aún prima la desconfianza frente al Estado, ya que no han terminado las arbitrariedades.

- Como parte de la PCSD hay una iniciativa, iniciada en 2008, que aprovechó planes de obras públicas y erradicación manual de coca en el área de La Macarena (municipios de Uribe, Mesetas, San Juan de Arama, Vista Hermosa, Puerto Lleras, Puerto Rico y La Macarena), para adelantar el "primer proyecto de consolidación de la PSD". Esta política depende del Ministerio de Defensa y la Vicepresidencia de la República, con apoyo de cooperación internacional, protegido por la Fuerza de Despliegue Rápido, FUDRA, ubicada en el área. Este primer ensayo de "recuperación social del territorio" muestra éxitos dado el vacío de políticas sociales en la PSD. Pero la titulación de tierras, base de estabilización de la población campesina, fue frenada por el Ministro de Agricultura anterior con el argumento de que ésta era auxiliadora de la guerrilla, lo que atenta contra la sostenibilidad del experimento. Según comentarios oficiales, parece que va a ser reproducido en otras áreas críticas de orden público, como son Catatumbo, Bajo Cauca, Tumaco y Montes de María.

Desaciertos en el mando

- Dentro del eje consistente de ejecución de la PSD contra las FARC, se han producido ciertas improvisaciones con graves consecuencias, como haber permitido, hace tres años, el protagonismo del presidente Chávez en la liberación de secuestrados para luego desautorizarlo.

- También ha habido decisiones costosas, como la incursión armada hace cerca de dos años en Ecuador para eliminar al número dos de las FARC, que provocó ruptura de relaciones con Colombia.

- En otro contexto, aunque ha habido correctivos y bajo perfil, continúa la presión jerarquizada que exige resultados, comenzando por la del Presidente. La consecuencia negativa más visible son los numerosos crímenes de lo que se conoce con el eufemismo de ‘falsos positivos', en los que se juntan una larga historia de violación militar a los derechos humanos, la terca presión presidencial por resultados y el rápido crecimiento del pie de fuerza, cuyo problema mayor ha sido la deficiente preparación profesional.

El caso del ELN

El tratamiento dado a esta guerrilla es el que menos inconsistencias ha tenido. El ELN sufrió antes su mayor derrota militar de parte de los paramilitares, que la diezmaron y sacaron de sus dominios exclusivos. A esta debilidad se sumaron enfrentamientos regionales con las FARC y un declive político derivado de su dispersión de objetivos, centrados antes en un nacionalismo. Estas circunstancias sirvieron para que el Gobierno buscara desde un comienzo un acuerdo de negociación, para mostrar que su condescendencia con los paramilitares no era favorable sólo a organizaciones armadas de derecha. Esta búsqueda fue persistente, incluso con la mediación de los gobiernos de Venezuela y Cuba. Pero la miopía política del ELN lo llevó a desaprovechar oportunidades que le eran favorables. Con el cambio del panorama de la seguridad en el país, el Gobierno terminó con esa búsqueda, ya que no le brindaría réditos políticos.

Desmovilización y reinserción de los paramilitares

En relación con los paramilitares, el Gobierno Uribe desde el comienzo abrió espacios para la negociación. Al final de 2002, ésta desembocó en el Acuerdo de Santa Fe de Ralito con las AUC, donde esta organización se comprometió a no atentar contra la población civil. A partir de allí, los altibajos y las improvisaciones fueron la regla: acuerdos, desacuerdos, continuación de crímenes y sobre todo largas discusiones sobre sucesivos proyectos de ley del Gobierno, criticados dentro y fuera del país para evitar la impunidad de los paramilitares. Finalmente, a mediados de 2005, una tibia Ley de Justicia y Paz culminó con este largo episodio. Esta ley fue corregida posteriormente en algunas de sus debilidades mediante fallo de la Corte Constitucional.

Luego de numerosos acuerdos entre Gobierno y paramilitares, a finales de 2004 comenzaron las desmovilizaciones de los diferentes grupos. Estas se prolongaron hasta 2006, por cuotas y bien publicitadas. Ellas fueron un reflejo del afán oficial de mostrar una visión pacificadora. Parte del proceso fue la contabilización de más del doble de "paras" desmovilizados -a partir de los 15.000 inicialmente señalados por el Gobierno.

La base del argumento oficial de su éxito pacificador se apoyó en que, por primera vez, fuerzas irregulares no derrotadas habían sido sometidas. Pero lo que ocurrió fue que el proyecto antisubversivo que alimentó la unificación paramilitar en 1997 perdió su dinámica, a medida que emergió el afán y el logro de un enriquecimiento depredador de los jefes ‘paras', además de su ambición de poder político regional con proyección nacional. Pero más tarde se vería que este último objetivo había sido más por iniciativa de gamonales regionales, como una forma de ejercer su poder económico y político, iniciativa acogida por conveniencia mutua por paramilitares y narcotraficantes. Con el declinar de su proyecto antisubversivo, a los paramilitares les era rentable cederle el costo de sus ejércitos al Estado, que asumió un proceso de incorporación de desmovilizados a la vida civil lleno de improvisaciones y falencias aún sin resolver.

Esa iniciativa política de gamonales, en cabeza de buena parte de los grupos de políticos clientelistas y corruptos que controla amplias regiones del país, llevó a que cuando se destaparon sus vínculos con los crímenes y las masacres de los jefes ‘paras', el Gobierno interviniera de manera arbitraria para evitar judicializaciones y condenas de muchos integrantes de su bancada política en el Congreso. De ahí el incumplimiento de promesas hechas a los jefes ‘paras' durante el proceso de desmovilización, conducta que tuvo su mayor visibilidad con la extradición al unísono, luego de hacerse con cuentagotas, de 14 de los más connotados paramilitares en 2008.

El costo institucional de este proceder oficial de respaldo a políticos corruptos ha sido bien alto, debido a los enfrentamientos entre diversas ramas del poder público, pero sobre todo entre el Ejecutivo y la Corte Suprema de Justicia. Para las víctimas del paramilitarismo, la ausencia de sus verdugos implica dificultades insalvables para conocer la verdad y obtener reparación, además de la falta de voluntad oficial para tal efecto.

La improvisación característica del proceso de reinserción de los desmovilizados paramilitares a la ‘vida civil' ha tenido como resultado que se convierta en factor favorable a la formación de nuevas bandas delincuenciales, aspecto que se añade a otros factores propios de la dinámica de reproducción del complejo conflicto armado colombiano. Según la Corporación Nuevo Arco Iris, a comienzo de 2009, sumados los ‘paras' no desmovilizados, los reinsertados que han vuelto a las armas, las bandas emergentes e incluso antiguos guerrilleros que cambiaron de bando, había 10.200 efectivos, distribuidos en 102 grupos, que se ubicaban en 246 municipios. En ellos hay bandas dedicadas al narcotráfico, grupos que cometen ‘acciones antisubversivas' propias de paramilitares, entronques con ‘parapolíticos' y delincuencia en general.

La batalla de las cifras

En el plano de las estadísticas existe un verdadero galimatías, ya que incluso en agencias del Estado se exhiben datos que varían de manera significativa. Datos generales sobre reducción de actos terroristas, hurtos y secuestros extorsivos, así como mayor presencia policial en centros urbanos menores no tienen mayor discusión.

Pero en los dos últimos años hay serias dudas sobre la disminución de homicidios selectivos, secuestro extorsivo e incluso sabotajes a la infraestructura física. Son frecuentes los cambios de metodologías y estadísticas, y distorsiones porcentuales en documentos oficiales, para evaluar resultados en homicidios, secuestros, actos de terrorismo y otras acciones delictivas. No existe sistematización ni depuración de cifras en las agencias estatales. Casos relativamente recientes son los de las ejecuciones extrajudiciales, la impunidad y el emblemático de los ‘falsos positivos', que han ido desde su negación inicial hasta su reconocimiento por cuotas. Y en el caso de la delincuencia común, en los centros urbanos se percibe su expansión, con potencialidad de que se agrave debido a los efectos de la crisis económica y el desempleo en aumento.

Situación de las victimas

La expresión visible de atención a las víctimas del conflicto es la Ley de Justicia y Paz. Sin embargo, los sucesivos proyectos que desembocaron en ella se preocuparon más por suavizar castigos a los verdugos, que por proteger a las víctimas. Luego de más de cuatro años de expedida la ley, no hay un solo condenado entre los miles de victimarios, aunque ha sido útil para inducir parte de la verdad de las tragedias ocurridas.

Los bienes incautados a paramilitares y narcotraficantes son irrisorios frente a los que acumularon, la mayor parte ‘legalizados' mediante testaferros. Además, son muchas las tierras usurpadas que reposan en manos de conocidos ‘dueños' de dudosa reputación. Mientras tanto, alrededor de cuatro millones de desplazados deambulan en la miseria por pueblos y ciudades, en tanto que quienes se han atrevido a reclamar sus derechos o a volver a terruños asignados por el gobierno han sido diezmados por sicarios.

En relación con las llamadas "bandas emergentes", esta capacidad de reproducción de la delincuencia organizada contrarresta los logros alcanzados previamente en materia de seguridad y agrava la atención a las víctimas, que de por sí han sido tratadas en forma marginal por la PSD. Éstas se cuentan por millones en un amplio abanico de casos, que cubren desplazados, dolientes de cientos de masacres y miles de asesinatos y secuestros.

Por otra parte, en los últimos años, la disminución de la capacidad ofensiva de la guerrilla ha facilitado la presencia estatal armada en pequeños centros urbanos. Sin embargo, tal disminución frente al acoso oficial trae consigo un mayor ‘sembrado' de minas antipersona, mecanismo obligado de cualquier guerrilla para resguardarse. Sus consecuencias son costosas y prolongadas en un conflicto armado como el colombiano, en el que hay un vacío de iniciativas políticas en seguridad, las cuales podrían mermar este grave problema.

Estados Unidos y la droga

Resta mirar otras líneas políticas disgregadas referidas a los objetivos formales de la PSD. La de más entronque internacional es el problema de las drogas, que ha sido un caballito de batalla desde hace tres décadas. En el año 2000 pasó a primer plano, tras la aprobación del Plan Colombia por el Congreso de Estados Unidos. Desde 2001 hasta ahora, Estados Unidos ha gastado más de 5.000 millones de dólares, adicionados a grandes recursos del presupuesto nacional para la erradicación de cultivos ilícitos. Esta política bandera de la PSD, a instancias de Estados Unidos, ha sido su mayor fracaso, además de que ha causado ingentes problemas, como el desplazamiento de población, la depredación de la naturaleza e innumerables crímenes en medio de la terquedad oficial en mantener viva tal política.

Quizás el único subproducto rescatable es la reorganización militar exigida antes por Estados Unidos, cuyo efecto positivo pero retardado por causa de la incapacidad estratégica militar ha sido el significativo decaimiento de las FARC. Sin embargo, en el panorama actual de la seguridad en el país, la capacidad militar está sobredimensionada en presupuesto, tropa y equipo. Este exceso se disimula por razón del tratamiento armado unidimensional al conflicto. Sin duda, una visión política adecuada, que diversificara su tratamiento en varias direcciones, mostraría tal exceso y la insuficiencia de recursos de la Policía Nacional. El lastre de militarización de esta fuerza acentúa más esa sobredimensión y resalta la distorsión e insuficiencia en el manejo policial de atención y protección a la ciudadanía.

Raíces más profundas

La capacidad de reproducción del conflicto es el elemento clave para entender que la vía militar a ultranza -sobre todo en la inacabada arremetida contra las FARC, adicionada al pragmatismo político de la tarea ‘pacificadora' con el paramilitarismo- no es suficiente para lograr una paz sostenible. Si no hay tratamiento político sistemático de los factores que reproducen la recurrente y larga historia de violencia en el país, no es posible pretender que vaya a comenzar un proceso viable hacia un ‘posconflicto'.

La persistente exclusión social, unida al agresivo contraste entre pobreza y miseria frente a la opulencia en las mismas zonas geográficas, son estímulos permanentes a la violencia. El eterno y agravado problema de tierras (concentración, sobre-representación política de terratenientes, imposibilidad de cobro de un impuesto predial rural y municipal equilibrado, despojo, desplazamiento forzado, ausencia de titulación al campesinado, etc.) y la incapacidad del Estado para hacer presencia, incluso armada, en amplias zonas rurales del país, hace que siga siendo esquivo el ideal de Estado moderno de monopolizar el uso de la fuerza como recurso complementario a la esencia estatal de uso de la política. Y si a esto se agrega la recurrencia de las prácticas violentas como mediadoras del ejercicio de la política, se completa un panorama incierto frente a factores estructurales ‘reacios' a que comiencen de manera sostenida aplicaciones de políticas destinadas a darle un vuelco a esta tragedia nacional.

La gran miopía

En conclusión, el resultado positivo más claro de la PSD es que el Estado asumió en forma decidida el problema de la seguridad, que había sido en extremo descuidado por gobiernos anteriores. La responsabilidad de las autoridades civiles en esta materia fue asumida por primera vez en este gobierno de manera sostenida. Pero tal responsabilidad se ha manejado desde la óptica represiva, sobre todo militar. Se ha recurrido a las iniciativas políticas principalmente para buscar dividendos de apoyos en la opinión pública, para defender posturas del Ejecutivo de dudoso contenido ético y para ‘criminalizar' a los críticos del gobierno. No hay claridad alguna en el uso de los esenciales recursos políticos del Estado en materias de seguridad, problema que es función estatal primordial y constitucional en la sociedad. No se observa comprensión oficial de la relación que existe entre la inseguridad y la persistencia de agudos problemas sociales en el país.

¿Qué sigue ahora?

En estas circunstancias, es absurda la pretensión de ‘reelegir' a la PSD dentro de los parámetros en que comenzó, sin evaluación y reestructuración, y sobre todo desconociendo los grandes cambios producidos en su entorno. Pero lo que muestra más el carácter ‘politiquero' de tal pretensión es ignorar la obligación del Estado de garantizar seguridad, que es su función primordial debido a que sin esa condición el resto de beneficios para la población se obstruye.

En esa obligación se incluye su componente de defensa hacia el exterior, que ha sido ignorado como parte del menosprecio por el entorno internacional y el abandono e improvisación oficial en materia de relaciones exteriores. El acuerdo militar entre Estados Unidos y Colombia sobre uso de bases militares y los costos que ha acarreado es ilustrativo. Esta situación se convirtió en un nuevo episodio, agravado, de conflictos con los vecinos, proyectado a nivel regional y continental. Las apresuradas medidas de cambios en defensa siguen la línea de las improvisaciones en seguridad.

El escenario para el futuro de la seguridad en el país depende mucho de la posibilidad de una segunda reelección del presidente Uribe. En caso de que haya reelección, e incluso si llegase a triunfar un candidato alternativo patrocinado por el Presidente, continuarían predominando las medidas de fuerza para supuestamente garantizar seguridad. Solamente el triunfo de un candidato alternativo, con un programa distinto al guerrerista mantenido por el Gobierno, podría orientar al país por caminos en los que el uso legítimo de la fuerza esté acompañado de políticas sociales destinadas a iniciar una solución sostenida de antiguos y graves problemas sociales no resueltos.

Este último escenario es factible. Hay posibilidad de que triunfe en la segunda vuelta un candidato de coalición que se enfrente al patrocinado por el Presidente. En tal caso, podría variar el escenario inicial, en el sentido de contar con más recursos políticos propios del Estado, pero sobre todo de que haya preocupación oficial por iniciar una solución sostenida a los agudos problemas sociales reproductores de la violencia que aquejan al país. Esta vía facilitaría de manera notable la posibilidad de que la implementación de políticas de seguridad se vuelva sostenible, mediante una concepción integral que nunca ha sido aplicada, incluida la participación del conjunto de la sociedad en esta materia.

* Sociólogo, Profesor Honorario de las universidades Nacional de Colombia y de Los Andes, autor de varios libros y numerosos artículos sobre política, militares y conflicto.

** Este artículo es parte revisada del material preparatorio de un seminario sobre seguridad, organizado por Cordaid y Cinep.

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