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Campaña de seguridad vial de la Dirección de Tránsito de B/manga

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miércoles, 11 de mayo de 2016

Siguiendo directrices de la Contralorría, fueron reclasificados servidores municipales, que se hallaban irregularmente identificados

Bucaramanga.- Tras el hallazgo de incoherencias en la clasificación de algunos servidores municipales, el gobierno de la capital de Santander, hizo los ajustes correspondientes dentro del marco legal, de trabajadores oficiales a empleados públicos.
La medida se adoptó atendiendo recomendaciones de la Contraloría Municipal del año 2009 para corregir irregularidades en la contratación de los trabajadores oficiales.  Es así como la administración del ingeniero Rodolfo Hernández Suárez  procedió a realizar los ajustes legales del caso y en consecuencia reclasificó a 27 funcionarios de la Alcaldía de Bucaramanga, los cuales estaban indebidamente identificados como trabajadores oficiales y pasó a ubicarlos en cargos de Empleados Públicos como corresponde.
El procedimiento legal se cumplió  bajo los preceptos de Lógica y Ética, fundamentos inspiradores del gobierno de los ciudadanos.
Bajo la lógica, porque fue un hecho relevante, auditado por la Contraloría Municipal, y que no contó con la atención debida  de los anteriores gobiernos municipales, siendo evaluada esta situación por parte del equipo técnico y jurídico de la administración municipal para aplicar los correctivos del caso al expedir los actos donde se reclasifican a los servidores públicos.
En ese sentido, el grupo de auditores de la Contraloría Municipal encontró: “anomalías en la  calificación dada a los servidores como Trabajadores Oficiales, toda vez que esta es contraria a los establecido en la ley y la jurisprudencia existente. El general de los servidores públicos son empleados públicos y sólo serán trabajadores oficiales quienes se dediquen a la construcción o sostenimiento de obras públicas”. Ver documento informe de Contraloría Municipal.
El ente de control que auditó la modalidad especial, acudió al Decreto 1333 de 1986, que  expide el Código de Régimen Municipal y señala en su artículo 292 que los servidores municipales son empleados públicos; sin embargo, Los trabajadores de la construcción y sostenimiento de obras públicas son trabajadores oficiales.
Estos hallazgos fueron comunicado por la Contraloría Municipal en el año 2009 a la Secretaria de Hacienda y Administradora del Fondo Territorial de Pensiones, en el que se revisó, evaluó el informe y ratificó el hallazgo presentado. En esa ocasión la funcionaria solicitó a la Administración Municipal “tomar los correctivos del caso en lo referente a la calificación de sus empleados”. Leer informe HALLAZGOS.
Alexander Efraín Barbosa Fuentes, asesor de Despacho manifestó que los argumentos por los cuales se reclasificaron los 27 funcionarios tiene una fundamentación completamente jurídica. “Desde la expedición del Decreto Nacional 2127 del año 1945 se ha establecido que aquellas personas que prestan su servicio a los entes territoriales municipio o departamento, son por regla general empleados públicos, salvo las personas que prestan el servicio en esas entidades en funciones de construcción y sostenimiento de obra pública, quienes son catalogados como trabajadores oficiales”,  explicó.
Según el profesional, al revisar la planta de trabajadores oficiales se encontraron 51 de ellos de los cuales había cuatro conductores de despacho y 23 celadores. “Esos cargos son normas de empleo público, son considerados como empleados públicos de carrera administrativa en el nivel asistencial”, agregó. 
Alexander Barbosa, denunció que había pactos de convenciones de trabajo con permisos sindicales permanentes desde hace muchos años y otros se venían prorrogando.
“Esto hacía que una persona en esta condición ganara más que un empleado público.. Podía ganar $ 3.800.000 en una mensualidad, otras entre 4 millones y 6 millones”, dijo.
 Manifestó que, un trabajador oficial con permisos sindicales y subiendo promedios salariales podría llegar a ganar en el año: $60 a $68 millones, una persona activa, solo ganaba $ 50 millones.
 Según el asesor de despacho, la determinación tomada desde el concepto jurídico, le ahorrará a la administración $1.000 millones anuales.
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