Bucaramanga.- Tras el hallazgo
de incoherencias en la clasificación de algunos servidores municipales, el
gobierno de la capital de Santander, hizo los ajustes correspondientes dentro
del marco legal, de trabajadores oficiales a empleados públicos.
La medida se adoptó atendiendo
recomendaciones de la Contraloría Municipal del año 2009 para corregir irregularidades en la
contratación de los trabajadores oficiales.
Es así como la administración del ingeniero Rodolfo Hernández
Suárez procedió a realizar los ajustes legales del caso y en
consecuencia reclasificó a 27 funcionarios de la Alcaldía de Bucaramanga, los
cuales estaban indebidamente
identificados como trabajadores oficiales y pasó a ubicarlos en cargos de
Empleados Públicos como corresponde.
El procedimiento legal se
cumplió bajo los preceptos de Lógica y
Ética, fundamentos inspiradores del gobierno de los ciudadanos.
Bajo la lógica, porque fue un
hecho relevante, auditado por la Contraloría Municipal, y que no contó con la
atención debida de los anteriores
gobiernos municipales, siendo evaluada esta situación por parte del equipo
técnico y jurídico de la administración municipal para aplicar los correctivos
del caso al expedir los actos donde se reclasifican a los servidores públicos.
En ese sentido, el grupo de auditores de la Contraloría Municipal
encontró: “anomalías en la calificación
dada a los servidores como Trabajadores
Oficiales, toda vez que esta es contraria a los establecido en la ley y la
jurisprudencia existente. El general de los servidores públicos son empleados
públicos y sólo serán trabajadores oficiales quienes se dediquen a la
construcción o sostenimiento de obras públicas”. Ver documento informe de
Contraloría Municipal.
El ente de control que auditó
la modalidad especial, acudió al Decreto 1333 de 1986, que expide el Código de Régimen Municipal y señala en su artículo 292 que los
servidores municipales son empleados públicos; sin embargo, Los trabajadores de
la construcción y sostenimiento de obras públicas son trabajadores oficiales.
Estos hallazgos fueron
comunicado por la Contraloría Municipal en el año 2009 a la Secretaria de
Hacienda y Administradora del Fondo Territorial de Pensiones, en el que se
revisó, evaluó el informe y ratificó el hallazgo presentado. En esa ocasión la
funcionaria solicitó a la Administración Municipal “tomar los correctivos del
caso en lo referente a la calificación de sus empleados”. Leer informe
HALLAZGOS.
Alexander Efraín Barbosa
Fuentes, asesor de Despacho manifestó que los argumentos por los cuales se
reclasificaron los 27 funcionarios tiene una fundamentación completamente
jurídica. “Desde la expedición del Decreto Nacional 2127 del año 1945 se ha
establecido que aquellas personas que prestan su servicio a los entes
territoriales municipio o departamento, son por regla general empleados
públicos, salvo las personas que prestan el servicio en esas entidades en
funciones de construcción y sostenimiento de obra pública, quienes son
catalogados como trabajadores oficiales”,
explicó.
Según el profesional, al
revisar la planta de trabajadores oficiales se encontraron 51 de ellos de los
cuales había cuatro conductores de despacho y 23 celadores. “Esos cargos son
normas de empleo público, son considerados como empleados públicos de carrera
administrativa en el nivel asistencial”, agregó.
Alexander Barbosa, denunció
que había pactos de convenciones de trabajo con permisos sindicales permanentes
desde hace muchos años y otros se venían prorrogando.
“Esto hacía que una persona en
esta condición ganara más que un empleado público.. Podía ganar $ 3.800.000 en
una mensualidad, otras entre 4 millones y 6 millones”, dijo.
Manifestó que, un trabajador oficial con
permisos sindicales y subiendo promedios salariales podría llegar a ganar en el
año: $60 a $68 millones, una persona activa, solo ganaba $ 50 millones.
Según el asesor de despacho, la determinación
tomada desde el concepto jurídico, le ahorrará a la administración $1.000
millones anuales.
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