martes, 12 de mayo de 2020

Gremio hotelero busca garantizar restablecimiento de servicios


Bogotá.-  La Asociación Hotelera y Turística de Colombia – Cotelco,-  creó el programa que otorga el Sello “Juntos contra el covid”, dirigido a los hoteles, para respaldar la incorporación de protocolos de bioseguridad, en busca de su rehabilitación.

La medida nació frente a la contingencia presentada debido a la pandemia del COVID-19, situación que ha afectado a todos los sectores económicos del país, incluyendo por supuesto a la hotelería y al turismo, que además será uno de los sectores que se reactivarán más tarde.

Las directivas de Cotelco esperan que con estos protocolos se permita a los establecimientos de alojamiento, prepararse para prestar a los huéspedes un servicio más exigente en los temas de aseo, limpieza y desinfección, con el fin de enviar un mensaje de confianza y tranquilidad a los visitantes.

Gustavo Toro Velásquez, presidente ejecutivo nacional de Cotelco, expresó al respecto:  “Los hoteleros vemos la importancia de recobrar la confianza de los huéspedes, pues este será uno de los aspectos primordiales para la reactivación del turismo. Desde los establecimientos de hospedaje tenemos el compromiso con nuestros visitantes de dar seguridad y que quienes se hospeden en hoteles con el sello Cotelco “Juntos contra el covid”, tengan la garantía de que la implementación de los protocolos de bioseguridad es la adecuada y así puedan descansar y sentirse como en casa”, afirmó.

El programa diseñado para la obtención del Sello Cotelco “Juntos contra el covid”, cuenta con un componente de formación en los protocolos de bioseguridad que se realizará de manera virtual y una auditoría presencial, a través de la cual expertos en la materia verificarán el cumplimiento de los estándares para definir, en caso de presentarse, brechas de conformidad que permitan establecer un plan de trabajo para que el hotel ajuste sus procesos y procedimientos.

El componente de formación está diseñado para que los empresarios y colaboradores de la industria hotelera se sensibilicen frente a la importancia de implementar correctamente los protocolos de bioseguridad y para que dicha implementación se realice de forma exhaustiva y correcta, conociendo su responsabilidad y consecuencias en caso de generarse incumplimientos.

El sello Cotelco “Juntos contra el covid” recoge los protocolos contenidos en la resolución 666 del Ministerio de Salud, que es de índole transversal para todas las empresas, y los que contemplará la resolución específica para establecimientos de alojamiento, que será expedida en próximos días, y la cual contó con la participación de Cotelco durante su elaboración.

Es así como la fase inicial de formación cuenta con cinco módulos en los que se abordan los aspectos generales de la bioseguridad, los protocolos generales de bioseguridad para el alojamiento y manejo del huésped, para el manejo en alimentos y bebidas, para el uso de áreas húmedas y para zonas comunes.

“Juntos contra el covid” también pretende transmitir a los huéspedes el mensaje de una responsabilidad compartida, donde todos somos responsables de minimizar las posibilidades de contagio de la enfermedad.

En este momento el programa se está desarrollando de forma piloto en Bogotá, en dos hoteles de la operadora Metro Hotels como son Holiday Inn Bogotá Airport y el Hotel Hampton By Hilton Bogotá Airport. Además se han vinculado al programa las cadenas NH y GHL.

Con esta iniciativa Cotelco busca preparar a la hotelería colombiana frente a una apertura de operaciones responsable, con el cumplimiento de los protocolos definidos por el Gobierno para generar confianza en los huéspedes.

Fuente: Comunicaciones Cotelco.
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viernes, 8 de mayo de 2020

Presidente Inván Duque habla sobre el régimen de Maduro

En Venezuela deben darse cuatro condiciones para lograr esa unión: Una, el cese de la usurpación; dos, un gobierno de transición con representación plural; tres, la convocatoria de elecciones libres, y cuatro, una agenda de reconstrucción económica y social en Venezuela”.
  
• La dictadura en Venezuela protege al narcotráfico y al terrorismo colombiano

Presidente Iván Duque
Bogotá, 8 de mayo de 2020.- El Presidente Iván Duque Márquez afirmó este viernes que no respalda invasiones a Venezuela y subrayó que Colombia siempre ha denunciado de frente a la dictadura de Nicolás Maduro.

“Yo no auspicio ni invasiones ni ningún tipo de triquiñuelas. Yo obro de frente, porque soy un defensor de la democracia, porque creo en la Carta Democrática Interamericana”, declaró el Jefe de Estado en una entrevista con el medio digital antioqueño MiOriente.

En respuesta a una pregunta sobre acusaciones del régimen de Venezuela, el Jefe de Estado dijo que “Nicolás Maduro es un dictador, es un sátrapa, es un hombre que ha perseguido a un pueblo, que lo tiene sumido en la pobreza, en la destrucción, en la ignominia, en la inopia, y eso el mundo lo ve”.

Agregó que, ante la crisis migratoria desatada, Colombia ha debido “atender a cerca de 1,7 millones de migrantes, que han salido de esa desolación, de esa persecución, de esa infamia” y resaltó que el país lo ha hecho con sentido de fraternidad, lo cual ha sido reconocido por el mundo.

“Pero seamos claros: Nicolás Maduro es el equivalente a Slobodan Milosevic (expresidente de Serbia) en América Latina. Es una persona que persigue a muchísimos grupos poblacionales y, por lo tanto, es una persona que debe, algún día, ojalá no muy lejano, responder ante la justicia internacional por eso”, expresó.

Explicó que, desde que llegó a la Presidencia, el régimen de Maduro lo ha acusado de planes de asesinato, tal como ocurrió con acusaciones similares a sus predecesores en la Presidencia de Colombia.

“Desde que yo llegué a la Presidencia viene repitiendo eso. Yo quiero decirles a ustedes con mucha claridad: yo las cosas las hago de frente. Las hago de frente, porque uno en la vida defiende los principios con verticalidad; los defiende con entusiasmo, los defiende sin reatos, los defiende sin tapujos”, manifestó el Presidente Duque.

Recordó que cuando era senador, denunció a Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional, con el respaldo de 70 senadores de Colombia y 50 congresistas de Chile.

Agregó que luego, al ser elegido Presidente de Colombia, cumplió con sus compromisos de retirar a Colombia de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), de crear a Prosur, de fortalecer al Grupo de Lima y de respaldar al Gobierno interino de Venezuela.

“Después dije públicamente que le iba a pedir a los Estados Unidos que avanzara en las investigaciones para que se pudieran hacer las acusaciones por narcotráfico y por connivencia de ese régimen con el narcotráfico, y así ocurrió”, continuó el Presidente Duque.

Señaló que también fue a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a la Organización de Naciones Unidas (ONU) y denunció al régimen venezolano.

“Hoy lo reitero: el propósito de unión que debemos tener los países de América Latina es que en Venezuela se den cuatro condiciones: una, el cese de la usurpación; dos, un gobierno de transición con representación plural; tres, la convocatoria de elecciones libres, y cuatro, una agenda de reconstrucción económica y social en Venezuela”, indicó.

Subrayó que siempre lo ha dicho en público y así lo seguirá haciendo, porque para Colombia “como un país que cree en la democracia, como un país que ha sido fraterno con Venezuela, pero que también ha visto con tristeza cómo la dictadura en Venezuela protege al narcotráfico y al terrorismo colombiano, resolver estos problemas es de interés nacional para nuestro país y será también una luz de esperanza”.

(Fin/gta/ncb)
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jueves, 7 de mayo de 2020

Nueva declaratoria de emergencia económica, social…


Entre las motivaciones de la declaración del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, según del Decreto 637, está la protección de los puestos de trabajo, incluidos los formales, y también el sistema económico colombiano, afectados por la pandemia.
El presidente de la república Iván Duque explicó la escencia  de
 la medida frente a la situación de emergencia por el Covid 19

Bogotá, 6 de mayo de 2020.-  El Gobierno Nacional expidió el Decreto 637 del 6 de mayo de 2020, mediante el cual se declara el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional y por un término de 30 días calendario, con el fin de enfrentar la pandemia del coronavirus covid-19.

El Decreto, de cuatro artículos, firmado por el Presidente Iván Duque Márquez y los 18 ministros del gabinete, le permite al Gobierno Nacional adoptar, mediante decretos legislativos, “todas aquellas medidas adicionales necesarias para conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos”.

Además, el Gobierno “dispondrá de las operaciones presupuestales necesarias para llevarlas a cabo”.

Según el Decreto 637, entre las motivaciones de la declaración del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica está la protección de los puestos de trabajo, incluidos los formales, y también el sistema económico colombiano, afectados por la pandemia.

En efecto, la norma señala que mediante la Emergencia Económica se busca “mitigar la crisis ante la inminente destrucción sistemática de los puestos de trabajo con el impacto negativo que esto conllevaría en la economía, no sólo de las familias colombianas sino de todo el sistema económico colombiano”.

(Fin/mha/jag/ncb)


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martes, 5 de mayo de 2020

Reiteran petición para proteger el agua del Páramo Santurban

Bucaramanga.- Un grupo de dirigentes de los santanderes,  que encabeza Gabriel Rangel Mogollón  suscribió una carta abierta dirigida al presidente de la república, Iván Duque, para expresar su preocupación y extrañeza por acciones que atentan contra un bien natural como el Páramo Santurbán.

En la carta los firmantes manifiestan que posturas como la de los Ministros de Hacienda y Medio ambiente, reflejan el desprecio por la vida de millones de ciudadanos. Agregan los dirigentes que es un atentado promover la entrega de licencias ambientales para la explotación de oro del Paramo Santurbán  en los actuales momentos, aprovechándose del  estado de excepción.  El documento textual es el siguiente…   

CARTA ABIERTA
Bucaramanga Abril 27 de 2020
Doctor
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
Presidente de la República de Colombia.
Palacio de Nariño Bogotá.

Respetado Señor Presidente:

Nos parece inaudito que aprovechando nuestro aparente estado de indefensión debido a la pandemia que azota al mundo, y abusando del estado de excepción, se estén intentando medidas antidemocráticas que lesionan los intereses, los derechos fundamentales y el ambiente sano de las comunidades, mediante procedimientos que son contrarios a la ley y a la constitución.

Las solicitudes de sectores económicos y posturas de miembros del gobierno como las del ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla y la del ministro de Ambiente Ricardo Lozano, demuestran hasta dónde les importa la vida de millones de colombianos. Es un atentado, en las actuales circunstancias promover la entrega de la Licencia Ambiental mediante dichos procedimientos por demás ilegales e inconstitucionales, para que destruyan el páramo de Santurbán, en beneficio del interés del proyecto de gran minería de la multinacional MINESA, ubicado en inmediaciones del área frágil y ambientalmente protegida del páramo de Santurbán.

Sentimos que nuestro país es un ejemplo de malas prácticas en las políticas ambientales con la complicidad de distintos Gobiernos, sectores económicos nacionales y extranjeros, y políticos en el proceso del trámite e intervención de proyectos minero-energéticos con graves impactos en destrucción de selvas, bosques, ríos, humedales y páramos, afectando gravemente importantes ecosistemas fundamentales para la sostenibilidad de la vida. No es razonable que 2 hoy, cuando una pandemia está destruyendo la vida humana, no seamos conscientes que el virus es resultado del deterioro y destrucción del medio ambiente.

El acceso al agua potable es un derecho humano fundamental y es lo que determina la sobrevivencia de los seres humanos. Nuevas equivocaciones en las decisiones políticas desde el alto gobierno, no nos pueden quitar el derecho a la existencia que tenemos más de dos millones quinientas mil personas, habitantes del Gran Santander. Por eso convocamos y apelamos al sentido solidario que nos está uniendo en esta pandemia, primordial en la cultura ganada, en este tiempo de aislamiento y oportunidad para repensar el mundo anhelado, la cual se fundamenta en el respeto y defensa de la naturaleza y la vida.

 El páramo Santurbán es nuestro pasaporte al futuro. El páramo se remite a un ecosistema que arranca en las partes más altas de nuestras montañas en la provincia de Soto Norte, (Alto del Viejo en el municipio de California), irrigando los campos y comunidades rurales, hasta llegar a las goteras de nuestras ciudades.
Resulta anti-científico y por demás incomprensible que se pretenda hacer una delimitación del páramo con una línea física arbitraria. Santurbán es nuestro ecosistema paramuno integral, tiene en todos sus niveles componentes interdependientes que les permiten funcionar como un solo cuerpo como fábrica de agua.

De otra parte, estudios rigurosos han demostrado que Santurbán es uno de los territorios más importantes de Colombia, ubicado entre los departamentos de Norte de Santander y Santander con una extensión de 142.000 hectáreas; es la estrella hídrica que permite abastecer una población de distintos municipios, entre ellos Cúcuta, El Zulia, Ábrego, Arboledas, Ocaña, Cucutilla, Pamplona, y los que corresponden al Área Metropolitana de Bucaramanga, entre otros. El sistema actual del acueducto del Área Metropolitana de Bucaramanga toma las aguas de los ríos Suratá para abastecer la planta de Bosconia, del río Tona para la planta de La Flora y Morrorico, y del río Frío para la planta de Floridablanca. Los principales afluentes del río Suratá son los ríos Vetas, Charta y Tona.

Señor Presidente: La legislación ambiental actual hace inviable cualquier proyecto minero que se ubique por encima de las bocatomas del acueducto de Bucaramanga El proyecto de mega-minería de MINESA con su pretendida 3 explotación por socavones ocasionará cambios en el microclima y presentará multiplicación de agentes patógenos en charcos y zonas cubiertas con aguas estancadas. La presencia del Uranio, no reconocida en las proporciones reales, identificada en estudios hechos por instituciones del Estado, nos lleva a concluir que la exposición al uranio y la emanación consecuente del gas radón, el radio y el ácido sulfúrico, además de las enfermedades que producen en el ser humano, contaminan las aguas tanto superficiales como subterráneas. La población que actualmente habita en el páramo no debe ser desplazada por la actividad megaminera. El concepto de daños a perpetuidad no existe en la legislación colombiana todavía, pero en los países industrializados si es una norma vigente.

Advertimos los incalculables daños sociales, económicos y ambientales que puede generar el proyecto de mega-minería de MINESA en Santurbán. Invocamos la ley 99, el principio de precaución y acompañados de la protección a los derechos colectivos de conformidad con la Constitución y la Ley (Artículos 2 y 79): el goce de un ambiente sano; la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible; la conservación de las especies animales y vegetales; la protección de un área de especial importancia ecológica estratégica, única cuenca hídrica que le brinda el agua para la vida a distintos municipios de los departamentos de Norte de Santander y Santander, haciendo posibles la seguridad, el desarrollo económico y la salubridad públicas.

La intervención del páramo por parte de la empresa Minesa de los Emiratos Árabes, es un atentado contra la vida de los santandereanos. Sabemos que la escasez del agua, no solo produce desplazamiento sino que la producción de alimentos, industria y servicios se verán gravemente afectados. Nuestro llamado es a que las decisiones en materia de políticas públicas ambientales atiendan y adopten la utilización de la razón y el sentido común. El oro es nuestro, pero se lo llevan los árabes, sin tener la compensación por los incalculables daños causados con la contaminación de las aguas y destrucción del ecosistema, a perpetuidad.

Ustedes y nosotros sabemos que los recursos que le quedan a la región y al país, no compensarán jamás el valor de la vida de millones de personas. Su política tributaria con inaceptables tratamientos que privilegian a las multinacionales mineras y a los superricos de éste país, solo ha servido para ampliar la 4 desigualdad, y propiciar en las zonas mineras la miseria y el abandono por parte del Estado.

 Consideramos y reiteramos nuestra solicitud al gobierno nacional que, de acuerdo a la Ley y al interés público, la ANLA tenga en consideración la aplicación del principio de precaución y se abstenga de conceder licencia o autorización para la exploración y explotación del oro a cualquier empresa nacional o internacional en general, y a la Sociedad Minera de Santander S.A.S., Minesa, en particular, la cual afecta al páramo de Santurbán, departamentos de Santander y Norte de Santander. Así mismo y atendiendo a sus postulados, se suspenda el ejercicio de toda actividad mega minera que en la actualidad se esté realizando o se pretenda hacer, en el páramo de Santurbán.

El país, pasado mañana será otro. Pensamos que la naturaleza será nuestra prioridad de vida, para el encuentro de caminos que nos lleve a la construcción de una sociedad sostenible, justa y equitativa.

Atento saludo,
Copia a: · Alberto Carrasquilla Barrera Ministerio de Hacienda y Crédito Público
               · Ricardo José Lozano Picón Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible
               · Rodrigo Suárez Castaño Director Autoridad Nacional de Licencias Ambientales-ANLA
               · Fernando Carrillo Flórez Procurador General de la Nación.
Siguen las firmas….

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jueves, 30 de abril de 2020

Alivio del 50% en valor del transporte por Oleoducto: Cenit y filiales


Productores podrán pagar solo el 50% de las tarifas durante mayo y junio. Se financiará el restante 50% con dos meses de gracia.

El alivio no está sujeto a la condición de volúmenes mínimos o a determinado precio del petróleo.

Bogotá, 29 de abril de 2020. Con el propósito de mitigar el impacto de la crisis derivada del abrupto descenso de los precios del crudo y de la pandemia de la covid-19 en las compañías productoras de petróleo que operan en Colombia, Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S. y sus filiales informan que financiarán hasta el 50% de la tarifa de transporte de crudo por oleoductos durante los meses de mayo y junio de 2020, con un periodo de gracia de dos meses.

La medida, que está en el marco de la regulación existente, implica que los productores pagarían la mitad de la tarifa durante mayo y junio, luego tendrán un periodo de gracia durante julio y agosto, e iniciarán el pago de la otra mitad a partir de septiembre de 2020. La ayuda no está sujeta a la condición de volúmenes mínimos facturados o a un determinado precio del petróleo, lo cual se constituye en un importante alivio para la caja de los productores y traders.

“Aun cuando esta coyuntura también impacta al segmento midstream por cuenta de los menores volúmenes transportados a través de los sistemas por la baja en la demanda, estamos convencidos de que es necesario apoyar a los productores y remitentes en general con iniciativas de financiación para que la industria de hidrocarburos de Colombia siga siendo un apalancador del desarrollo económico y social del país”, dijo Héctor Manosalva Rojas, presidente de Cenit, empresa que forma parte del Grupo Ecopetrol.

Estas nuevas condiciones comerciales aplican para Oleoducto Central S.A. (OCENSA), Oleoducto de Colombia S.A. (ODC) y Oleoducto de los Llanos Orientales, S.A. (ODL), filiales de Cenit.

El presidente de Cenit destacó que esta medida es un alivio adicional a las propuestas que se hicieron previamente a comienzos de abril, cuando se ofrecieron descuentos comerciales en la tarifa de transporte, los cuales continúa vigente para aquellos remitentes que eligieron esta alternativa.

Quien es Cenit
Cenit es la compañía filial de Grupo Ecopetrol, dedicada al transporte y la logística de hidrocarburos,
que lidera el segmento Midstream en la cadena del petróleo de Colombia. Es la segunda empresa
más grande del país por activos y se encuentra entre las 10 compañías más grandes por ingresos
operacionales y utilidades del país. Cuenta con cerca de 9.000 kilómetros de oleoductos y poliductos
por los que se transporta la mayoría del crudo y los refinados de Colombia. Tiene tres puertos, 51
estaciones y 7 cargaderos y descargaderos. A su vez, son filiales de Cenit las compañías Oleoducto
Central S.A -Ocensa-, Oleoducto de Colombia S.A. -ODC-, Oleoducto de los Llanos Orientales S.A
-ODL- y Oleoducto Bicentenario de Colombia S.A.S.

Fuente: Paola Aguilar Santos (Erminda Vecino P)
Jefe de Comunicaciones Corporativas
Cenit - Transporte y Logística de Hidrocarburos
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Estricto control del Relleno Doña Juana realiza Superservicios


  En trabajo articulado con el Distrito, Ssuperservicios requirió al prestador, solucionar la emergencia causada por el deslizamiento de residuos, en el menor tiempo posible.

Bogotá D.C., 29 de abril de 2020. Con un requerimiento para la adecuación técnica de los residuos desplazados en la noche del martes en el relleno Doña Juana, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, inició nuevo proceso de monitoreo especial a la operación del Centro de Gerenciamiento de Residuos CGR, concesionario a cargo de la disposición de residuos sólidos en la capital del país.  

La superintendente, Natasha Avendaño García, quien se hizo presente en el relleno con su equipo de trabajo para coordinar las acciones de supervisión de la entidad, aseguró que: "Estamos trabajando articuladamente con la Alcaldía de Bogotá, la Autoridad de Licencias Ambientales (ANLA), la Secretaria Distrital de Ambiente y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), con el fin de monitorear la zona afectada, definir solución a los problemas estructurales del relleno sanitario y proteger la integridad de los vecinos del sector. El operador, según evidenció la superintendencia, está dando manejo a la emergencia para reacomodar los residuos y controlar olores, insectos, roedores y otros vectores que afectan a la comunidad. 

La funcionaria informó, además, que la entidad ha ejercido acciones de vigilancia, inspección y control permanente sobre el operador. “Le hemos impuesto sanciones por más de $1.130 millones y tenemos en curso cuatro investigaciones por fallas en la prestación del servicio”. 

Sanciones
A la fecha, la Superintendencia ha impuesto dos sanciones por valor superior a $1.130 millones de pesos por fallas en la prestación del servicio, así:

    En 2017 por valor de $1.060,8 millones por incumplimiento a especificaciones técnicas de cobertura de residuos y manejo de lixiviados en la zona del derrumbe del 2 de octubre de 2015.
    En 2012 por valor de $70 millones por fallas en la disposición final de residuos.

Investigaciones en curso
La Superintendencia adelanta cuatro investigaciones frente a la operación del Centro de Gerenciamiento de Residuos Doña Juana (CGR) por presuntas irregularidades en el manejo del relleno sanitario y los planes de emergencia y contingencia.

El más reciente proceso de investigación se encuentra en etapa de descargos, luego de que la superintendencia declarara en mayo de 2019 la terminación unilateral del Acuerdo de Gestión, suscrito con el operador en mayo de 2018, por incumplimientos reiterados en las metas pactadas. En ese acuerdo el operador de Doña Juana se comprometía a solucionar fallas relacionadas con el manejo de lixiviados, cubrimiento de residuos, ausencia de zonas de contingencia y disposición en zonas no autorizadas por la autoridad ambiental.

Las otras tres investigaciones en curso se relacionan con:
1.     Fallas en el servicio. Omisión de cobertura diaria, falta de adecuado tratamiento de lixiviados, incumplimiento de parámetros de calidad de vertimiento, incumplimiento a control de vectores y disposición final en zona de residuos de construcción.  Se encuentra en etapa de decisión final.
2.     Plan de emergencia y contingencia no ajustado. Se encuentra en etapa de decisión final.
3.     Falla en el servicio. Falta de continuidad en la prestación del servicio. En etapa de trámite de pruebas.

Fuente: Comunicaciones SuperServicios.
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viernes, 24 de abril de 2020

Unidad en beneficio del sector energético: ANLA- UPME


Buscan  optimizar los trámites y avanzar en la ejecución de proyectos.

Bogotá, 23 de abril de 2020. La actual emergencia sanitaria ha puesto a repensar los procesos en todos los sectores, y el licenciamiento ambiental no ha sido la excepción.

Con la necesidad urgente de algunos proyectos de continuar con la ejecución de actividades, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) junto con la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME), están estableciendo en el marco de la contingencia, estrategias para crear una planeación conjunta en beneficio del sector energético.

Desde las fortalezas de cada entidad, se han planeado agendas interinstitucionales de trabajo permiten a las empresas solicitantes de licencias ambientales, acceder a información completa para la construcción de sus estudios de impacto ambiental (EIA). La ANLA por su parte, puso a disposición su instrumento de Regionalización, donde a través de sus líneas de acción de reportes regionales, estrategias de redes de monitoreo donde se modelarán los componentes físicos y bióticos, y el componente de valoración económica, entre otras herramientas, las empresas contarán con información regional actualizada en tiempo real para la elaboración de sus estudios.

La UPME, por su lado, proveerá los procesos de alertas tempranas, planes de expansión y convocatorias futuras, recomendando desde su comité técnico ambiental, aspectos claves para la articulación, socialización y planeación de temas de mutuo interés para las entidades.

Así las cosas, las acciones encaminadas a fortalecer estos procesos se enfocarán en la identificación de presión de los proyectos sobre los ecosistemas, la planeación conjunta en áreas de interés, el análisis de la superposición de proyectos, los análisis de alternativas, la creación de agendas interinstitucionales de trabajo y la estructuración de una línea base para el licenciamiento.

Esta planificación buscará tener la mayor cantidad de información para que los usuarios tengan la tranquilidad de la fuente cuando presenten los EIA; definir los temas que son críticos y claves para transferencia de conocimiento como las competencias de cada una de las entidades y, por último, la definición de temas de aspectos técnicos para la evaluación de los proyectos.

“Esta planeación y articulación interinstitucional con transparencia con nuestros grupos de interés, reducirá los impactos ambientales, optimizará los recursos y redundará en la oportunidad de las decisiones”, aseguró Rodrigo Suárez Castaño, director de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA.

Fuente: Comunicaciones ANLA.

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.
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