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jueves, 13 de enero de 2011

Alirio Villamizar destituido por la Procuraduría

Alirio Villamizar
Bogotá, 13 de enero de 2011. El Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, destituyó e inhabilitó por 15 años al Senador de la República para el periodo 2006-2010, Alirio Villamizar Afanador, tras hallarlo responsable disciplinariamente por concusión y enriquecimiento ilícito.

El Jefe del Ministerio Público determinó que el dirigente político incurrió en las siguientes conductas:

• Abusó de su investidura al solicitarle a Luz Yaneth Rojas Portilla contraprestación en dinero por su nombramiento cono Notaria 11 del Cículo de Bucaramanga. Este comportamiento se adecua al delito de concusión, consagrado en el artículo 404 del Código Penal.

• En su calidad de Senador de la República, Villamizar Afanador incrementó injustificadamente su patrimonio en un monto de $ 1.294.820.000, entre los años 2006 a 2009. En este caso, sostiene el Doctor Ordóñez que este comportamiento se adecua al delito de enriquecimiento ilícito, consagrado en el artículo 412 del código penal.

Advierte además que el señor Villamizar Afanador solicitó a la doctora Luz Yaneth Rojas Portilla, una suma de dinero a cambio de dicho nombramiento y en consecuencia, ella accedió al cargo a partir de este acuerdo el cual, según indicó, “le demandó entregarle parte de las utilidades de su ejercicio, garantizar ese pago mediante una letra de cambio firmada en blanco y permitirle un control financiero”.

El 3 de octubre de 2006, el Gobierno Nacional creó mediante Decreto la Notaría 11 del Círculo de Bucaramanga (Santander) y mediante ese mismo acto administrativo se nombró en interinidad a Luz Yaneth Rojas Portilla, quien se posesionó el 3 de noviembre de 2006.

Dentro de la decisión disciplinaria, el Procurador General declaró lícito el allanamiento efectuado a la casa del ex senador Villamizar Afanador el 18 de agosto de 2009 por los Magistrados Auxiliares de la Corte Suprema de Justicia, tras señalar que “ésta fue una decisión legítima, porque tanto su orden como su ejecución siguieron el cauce de la Constitución y la Ley (…)” tal como lo argumentó la Sala Penal de la Corte Suprema frente al tema.

Finalmente la Procuraduría indicó que contra esta decisión procede el recurso de reposición, que deberá interponerse dentro de los tres días siguientes a la notificación personal o por edicto.
 Fecha de publicación: 13 de enero de 2011. 12:55 p.m
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lunes, 29 de noviembre de 2010

Personas y organizaciones civiles denuncian crímenes de Lesa humanidad

es DigiRadiocom de Colombia, desde Bucaramanga para el mundo; editor: Bernardo Socha Acosta
Bogotá, 29 de noviembre de 2010.

Alvaro Uribe
Ex presidente
Bogotá.- Por considerar que la investigación que se adelanta contra Álvaro Uribe Vélez en la Comisión de Acusaciones de la Cámara por el llamado escándalo del DAS se adelanta a espaldas del país y de las víctimas y desconoce las pruebas existentes en los procesos disciplinarios y penales, un grupo de cuarenta personas, entre organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, periodistas, congresistas, un partido político, ex congresistas, un ex magistrado de la Corte Constitucional y diferentes profesionales, presentarán hoy una denuncia penal por crímenes de lesa humanidad contra el Presidente de la República durante el período 2002-2010.

En la denuncia, las víctimas del DAS alegan que lo sucedido en el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) siguió lineamientos y directrices desde la Presidencia de la República en contra de más de 300 personas y con pleno conocimiento del ex mandatario. Así lo demuestran la coherencia entre los discursos presidenciales que atacaban a quienes al mismo tiempo estaban siendo víctimas de seguimientos ilegales, interceptaciones electrónicas y telefónicas sin orden judicial, amenazas, montajes y campañas de desprestigio, así como labores de inteligencia y contrainteligencia por parte del DAS.

Para los denunciantes, es claro que los crímenes cometidos desde la policía secreta, adscrita y dependiente jerárquica y funcionalmente del Presidente de la República, constituyen persecución política y tortura psicológica, delitos considerados como de lesa humanidad.

Entre los firmantes de la denuncia se encuentran Clara López Obregón, presidenta y representante legal del Polo Democrático Alternativo; la ex congresista Piedad Córdoba, el representante Iván Cepeda, los periodistas Carlos Lozano Guillén, Hollman Morris, Maureén Maya, Adriana Cuéllar y Claudia Julieta Duque; el ex magistrado y ex candidato presidencial Jaime Araujo Rentaría; y miembros de organizaciones como la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR), la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP), entre otros.

Los denunciantes solicitan a la Comisión de Acusaciones pedir como prueba trasladada la totalidad de las 93 AZs que fueron confiscadas por la Fiscalía General de la Nación, así como la totalidad del acervo probatorio existente en los procesos penal y disciplinario y una copia auténtica de los discursos del ex presidente Uribe en contra de ONGs, defensores de derechos humanos, periodistas y la Corte Suprema de Justicia.

De igual manera, reprochan la negligencia de la Comisión de Acusaciones en otras investigaciones contra ex Presidentes, y solicitan que, en caso de que el proceso llegue a juicio, sea enviado a la Corte Suprema de Justicia por tratarse de delitos ordinarios que no tienen relación con el fuero presidencial.
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Fuente: Oficina de Prensa
Iván Cepeda Castro
Cámara de Representantes - Congreso de la República de Colombia  -Tel: 3 82 4416
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