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El estudio advierte un escenario de contrastes: mientras impulsa
transformaciones en política social y territorial, persisten limitaciones que afectan
el alcance real de estos cambios, atribuido por las fuentes, a talanqueras
presupuestales y los llamados bloqueos institucionales, principalmente del
legislativo. Se encontró también que dentro de las políticas sociales materializó
el proyecto de atención de los adultos mayores con el reajuste de un bono de transferencia
monetaria que pasó de $80.000 a $230.000, calificado como histórico; igualmente
el regreso de las horas extras y el
salario mínimo vital para los trabajadores, entre otros.
Según el análisis, el cumplimiento de metas del Plan Nacional de
Desarrollo evidencia avances heterogéneos. En conjunto, el progreso del plan
alcanza aproximadamente un 69,28%.
Economía y política comercial
El análisis económico evidencia que, pese al trabajo con miras a la reindustrialización,
el país mantiene una alta dependencia del sector minero-energético, con el
51.1% en la balanza (2025) pues, la política comercial y productiva no ha
logrado sustituir las rentas tradicionales.
Al mismo tiempo, se registran avances en exportaciones no tradicionales.
Productos como el cacao crecieron 106%, el aguacate 54,3% y la lima Tahití 47%,
evidenciando oportunidades en la diversificación agrícola.
Agroindustria y modelo productivo
El estudio identifica una transición parcial, pues si bien hay
resultados positivos en exportaciones agrícolas, estos avances no se han
traducido en una transformación estructural del sector rural, considerando que
en cuatro años estas metas no alcanzan a materializarse. Las cifras del Plan
Nacional de Desarrollo muestran progresos parciales, como el 70,31% de
cumplimiento en exportaciones agrícolas no tradicionales, pero también
evidencian distintos problemas en otras áreas clave, como infraestructura
rural, déficit vial, acceso a crédito y formalización de la propiedad, esta
último en proceso.
Además, el estudio resalta que metas clave estipuladas en el gobierno
actual, como la entrega de tres millones de hectáreas aún no se han cumplido,
lo que refleja dificultades técnicas, jurídicas y de orden público. Esto limita
el alcance de la reforma rural integral. Sin embargo durante los últimos 4 años se han
entregado y formalizadas 145.592
hectáreas de tierra a población vulnerable y víctimas del
conflicto armado; y por Reforma Agraria se ha formalizado 1.677.418 de hectáreas y cuenta con más de 2,5 millones (hectáreas)
gestionadas o incorporadas al Fondo Nacional de Tierras. Este alcance se mide frente a cerca
de 32.614 hectáreas del periodo 2018 – 2022 del gobierno que lo antecedió,
compararon las fuentes dentro de la investigación.
El turismo como reactivación ec
onómica
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Sin embargo el adelanto tiene algunos altibajos por la inseguridad. Por
ejemplo, en zonas emergentes como el Pacífico y el Atlántico siguen siendo
barreras que condicionan el turismo como una economía relevante a largo plazo.
Cooperación internacional y reconfiguración global
A nivel global, se sitúan estos resultados en un contexto marcado por la
reconfiguración de las relaciones económicas internacionales. Tendencias como
el friend-shoring, que busca fortalecer cadenas de suministro entre países
aliados, y el crecimiento del comercio sur-sur, que aumentó alrededor de un 6%
en 2025, han llevado a Colombia a replantear su posicionamiento en el sistema
internacional.
Desinformación y entorno político
En términos sociales, se identificó un entorno altamente polarizado que
ha afectado la comunicación gubernamental, creando un choque entre el
"cambio" y el "tradicionalismo" a partir de dinámicas de
confrontación política que impactan la ciudadanía. Las redes sociales han sido
el campo de batalla donde la desinformación ha dificultado la construcción de
consensos.
Esta polarización impactaría la capacidad del Estado para comunicar
resultados y construir legitimidad en torno a las políticas públicas. Esto
genera una desconexión entre los resultados técnicos de la gestión pública y la
percepción ciudadana, lo que debilita la confianza institucional. El informe
advierte que este entorno de posverdad también introduce incertidumbre en la
ejecución de políticas.
La descentralización y el reto de la paz
territorial
El componente territorial representa uno de los mayores retos, sin
embargo, el estudio identificó desafíos en la alineación de estos recursos con
las necesidades locales. Mostrando que la inversión pública continúa
concentrándose en ciertas regiones, mientras otras mantienen niveles por debajo
de 3% en recursos para ejecución y capacidad administrativa, limitando la
capacidad de gestión en regiones con mayores necesidades.
El balance de este aspecto es agridulce, pues los informes de la
Contraloría muestran que la inversión en los Programas de Desarrollo con
Enfoque Territorial (PDET) han tenido dificultades de transparencia y
eficiencia. También se identificaron
dificultades en acceso a tierras, seguridad territorial y ejecución de
programas como los PDET, donde la inversión se concentra en departamentos como
Valle, Antioquia y Córdoba, dejando rezagadas otras regiones prioritarias. El
éxito para la paz no depende únicamente de la inversión, sino de la capacidad
para traducir estos recursos en servicios, seguridad y presencia efectiva en el
territorio en compañía de los líderes sociales.
En conclusión, los hallazgos de este estudio sugieren que el país no
puede permitirse una parálisis por la polarización, sino que debe buscar puntos
de encuentro que permitan la sostenibilidad de los proyectos de largo plazo,
reseña el estudio y agrega: Colombia hoy enfrenta un punto de inflexión, donde
a establecimiento de las reformas dependerá de la capacidad institucional, la
estabilidad política y la adaptación a un entorno global cambiante.
Fuente: Prensa Politécnico grancolombiano (Laura Orjuela)
Ajuste de contenido y diagramación: bersoahoy.co
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