Entre 2015 y 2023 se reportaron 1.732 casos. La investigación 'El
feminicidio antes del feminicidio', realizada por la Unidad de Investigación
Periodística (UIP) del Politécnico Grancolombiano, ofrece una radiografía con
las edades más vulnerables, señalando los vacíos legislativos y desentrañando
las razones detrás del incumplimiento de los procesos de prevención.
Dividida en dos partes,
la investigación explica los eventos previos a la implementación de la Ley 1761
del 2015, también conocida como Rosa Alvira Cely, marcando un antes y un
después en la lucha contra el feminicidio en el país. La segunda parte aborda
el periodo de 2015 a 2023, tras la promulgación de la ley que define los
feminicidios como la muerte de una mujer por su condición de género, marcando
un hito en la lucha contra este flagelo.
La investigación encontró una ausencia de datos oficiales antes de la
Ley Rosa Elvira Cely. Según
la Fiscalía General de la Nación, entre 2000 y 2015, se registraron 15,457
homicidios dolosos contra mujeres, pero solo cinco de estos casos involucraban
a un victimario con relación cercana a la víctima. Además, datos de los
informes anuales de Medicina Legal conocidos revelan que en 1999 fueron
asesinadas 76 mujeres por sus parejas o exparejas, seguido por 63 en el año
2000 y 66 en 2001. Es decir, en los dos primeros años del siglo XX ya se contabilizaban
129 mujeres víctimas de lo que hoy denominamos feminicidio. Sin embargo,
después de 2001, los informes Forenses no proporcionan más cifras.
El primer cambio: La ley Rosa Elvira Cely
El cambio comenzó a gestarse con la demanda insistente de círculos
feministas y académicos para investigar y sancionar las violencias contra las
mujeres por motivos de género y discriminación. La aprobación de la Ley 1761 de
2015 marcó un hito al introducir el feminicidio como delito autónomo en el
Código Penal Colombiano, ampliando la responsabilidad del Estado frente a los
asesinatos por razones de género.
“Tener un delito autónomo denominado feminicidio significa contar con
medidas privativas de libertad superiores a las que se darían por cometer un
homicidio. El concepto de feminicidio ya no es exclusivo en la academia ni en
la sociedad civil, ni en los movimientos feministas, porque el logro de esta
ley es permear esta palabra en conversaciones cotidianas, en narrativas
mediáticas y en el léxico de aquellos trabajadores públicos que deben atender a
mujeres, víctimas o familias víctimas”, explican las investigadoras.
“Es crucial destacar que, aunque la ley no ha frenado el delito, sí ha
permitido visibilizarlo con denuncias, especialmente de mujeres en riesgo o las
familias de las víctimas. Además, ha impulsado a la institución judicial a
llevar registros más precisos, aunque aún no exactos, sobre los feminicidios”,
afirman las investigadoras.
¿En qué falta avanzar?
Expertas entrevistadas para llevar a cabo la investigación subrayan
áreas cruciales en las que es imperativo avanzar. Primero destacan que la
efectividad de la legislación depende de la implementación adecuada, la
sensibilización de la sociedad, el acceso a la justicia para las víctimas y la
colaboración entre diversas instituciones y organizaciones.
También es vital la transformación del sistema de justicia, ya que es
necesario capacitar a los empleados en un enfoque de género para evitar la
revictimización de las mujeres que buscan ayuda. Y cumplir la ley es esencial,
especialmente en la ausencia de la cátedra de género exigida, revelando una
falla del Ministerio de Educación y las instituciones educativas encargadas de
impartir esta formación. La transformación profunda en la mentalidad y la
cultura que perpetúan la violencia de género es esencial. La educación,
concientización y promoción, aunque mencionadas en la ley, necesitan ser
implementadas.
Otros aspectos clave incluyen reducir la impunidad, proporcionar
recursos adecuados para apoyar a las familias de las víctimas, abordar barreras
de revictimización y mejorar el proceso de activación de rutas de atención o
medidas de protección para prevenir futuros feminicidios. Es necesario
implementar la institucionalidad no solo en áreas urbanas centrales sino
también en regiones, municipios, ciudades intermedias y zonas rurales.
Todos los detalles de la investigación podrán ser consultados aquí:
https://feminicidios.poligran.edu.co/index.html
Fuente:Prensa del politécnico grancolombiano (Laura Ximena Orjuela)
Ajuste de
contenido y diagramación: bersoahoy.co
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