Bogotá, 3 de enero de 2020. La
Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos a la
exsuperintendente Delegada para la Supervisión Institucional de la
Superintendencia Nacional de Salud, Eva
Katherine Carrascal Cantillo, (foto) por presuntos actos de corrupción al recibir
más de $1.440 millones, representados en la adquisición de un apartamento, a
cambio de agilizar trámites en la entidad, y por supuesto incremento
patrimonial injustificado en más de $140 millones de pesos.
El órgano de control reprochó
a la investigada, quien se desempeñó en el cargo entre el 7 de abril de 2015 y
el 23 de enero de 2018, porque habría recibido dinero, utilidad y promesa
remuneratoria por parte de Empresas e Instituciones Prestadoras de Salud, así
como de otros terceros a cambio de que se agilizaran trámites para los pagos de
cuentas médicas de las IPS que prestaban sus servicios a EPS, comportamiento
con el que pudo realizar la conducta tipificada en el Código Penal como cohecho
impropio.
Según el material probatorio
con el que cuenta el órgano de control, algunas IPS tomaron la decisión de
pagarle a Carrascal Cantillo por sus servicios, y para ese propósito, se
unieron Aser Salud, Clinical Corporation y G3 y al parecer adquirieron un
apartamento en el condominio Bosque Residencial La Resera en Bogotá, por valor
de $1.440 millones.
En el segundo cargo, la
Procuraduría cuestionó un supuesto incremento injustificado del patrimonio de
la exfuncionaria en $145.391.060, dinero que al parecer no guarda relación con
los ingresos percibidos por concepto de salarios como servidora pública.
Para la Procuraduría, la
exsuperintendente Delegada tenía como función principal la inspección y
vigilancia de las entidades pertenecientes al sistema de salud nacional y
territorial, y estaba llamada a dar ejemplo de rectitud, lealtad, honestidad y
trasparencia en su actuar, más aún cuando el derecho a la salud, como derecho
social, gravita en torno a la dignidad humana y demanda la máxima probidad de
las autoridades, en razón de los recursos y derechos involucrados.
El órgano de control calificó
provisionalmente las presuntas faltas de la investigada como gravísimas a
título de dolo, dado que al parecer condujo su proceder a la obtención de
dineros y prebendas de manera voluntaria y consciente, queriendo el resultado
obtenido.
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