El encuentro denominado,
“Arbitraje internacional de protección a las inversiones y protección de la
naturaleza", fue organizado por la Escuela de Derecho y Ciencia Política
de la Universidad Industrial de Santander (UIS).
El tema se
centró en el análisis del caso de la empresa canadiense Eco Oro en su litigio con la Nación colombiana por
sucesos alrededor de la explotación minera en el páramo de Santurbán. Para
ello, los expertos invitados expusieron sus argumentos sobre la querella contra
Estado colombiano por la prohibición legal de desarrollar allí sus actividades
mineras y el fallo del Tribunal de
Arbitramento.
La abogada Carla García Zendejas, del Center for
Environmental Law – CIEL, explicó cómo fue el proceso en que la empresa Eco Oro
busca una inversión para desarrollar un proyecto como el de Santurbán y se vale
de argucias al presentarlo como de
prefactibilidad para conseguir recursos del Banco Mundial y de la Corporación
Financiera Internacional (CFI). Luego, cómo esto legitima el proyecto, a pesar
de saber que ya hay una demanda del Gobierno. La conclusión de la abogada García
Zendejas es que “este tipo de arbitrajes son muy costosos y son una apuesta por
lo que yo pueda ganar como resultado de un arbitraje internacional, que en este
caso es por setecientos y tantos
millones de dólares”.
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| El páramo Santurbán es la fuente hídrica de los santanderes |
Por su parte Jamie Kneen, de Mining Watch Canada,
señaló: “tenemos gobiernos que apoyan y permiten actividad y exploración
minera, concesiones, permisos, a pesar de que ya sabían que era un lugar
especial y un recurso hídrico importante para la zona. Es decir, gobernantes
que tratan de jugar en ambos lados de la
cancha a la vez. Lo que se está viendo es la falta de coherencia y niveles de corrupción, por la poca confianza que se puede tener en las promesas
del Gobierno”.
Manuel Pérez Rocha, del Institute for Policy Studies-IPS, mostró un
impactante estudio con datos y cifras sobre las demandas de las empresas de
industrias extractivas en el mundo y cómo la mayoría son ganados por las
compañías, ya que solo el 18% se falla a favor de los gobiernos. Uno de los
cuadros contiene las 9 demandas a Colombia por industrias extractivas en los
últimos cinco años, una de ellas la de Eco Oro por US$764 millones. Finalmente,
en otro cuadro muestra y demuestra que el modelo neocolonialista existe en las
industrias extractivistas, donde los países demandados en su mayoría son de
América Latina y el Caribe.
Sebastián Salazar Castillo, profesor de la Universidad Nacional y árbitro
internacional de litigios, presentó el arbitraje desde el punto de vista
académico. Lo citó como un mecanismo de solución de controversias entre
ciudadanos y entre los estados y particulares, en el cual las partes aceptan
voluntariamente resolver unas controversias de acuerdo con unas reglas, como el
debido proceso, la defensa, entre otras, mientras que son terceros los que
resuelven las controversias. Dijo que el arbitraje es más rápido, supone un
costo y sobre todo son más flexibles para la resolución de las controversias.
Así mismo, Miguel Francisco Contreras Landínez,
profesor de la Escuela de Derecho y Ciencia Política de la UIS, quien actuó
como moderador, explicó los dos
argumentos de fondo que se presentaron en la demanda de Eco Oro: el primero,
que el Estado colombiano hizo una expropiación indirecta del proyecto al
delimitar el ecosistema de páramo en Santurbán y al dejarlo por dentro quedó la
prohibición legal para desarrollar actividades mineras; segundo, que el Estado
le proporcionó un trato injusto e inequitativo a la empresa, amparada en el
Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Colombia, en el artículo que menciona
que el Estado no puede ejecutar ninguna actividad discriminatoria contra una
empresa canadiense que invierta dinero en Colombia, so pena de recibir
sanciones.
La Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado, que estaba representando el caso a
nombre de Colombia, emitió un comunicado diciendo que la Nación había ganado la
demanda por esa parte. Pero en el segundo argumento sobre el trato injusto e
inequitativo, el Tribunal le dio la razón a la empresa Eco Oro entre otros
motivos, porque todavía no hay una delimitación del páramo de Santurbán, lo que
causa incertidumbre.
El profesor
Contreras Landínez, explicó que el fallo
tiene 400 páginas y está escrito totalmente en inglés. Sin embargo, lo
clave allí es que el 7 de octubre próximo se cumple el plazo máximo que tienen
las partes para presentar las pruebas sobre la indemnización por los perjuicios
ocasionados.
Fuente: Comunicaciones – UIS.
Ajuste de contenido y diagramación: bersoahoy.co
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