Requirió acciones que permitan proteger los recursos naturales
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| Margarita Cabello B |
La jjefe del Ministerio
público instó a alcaldes municipales y distritales a garantizar la gestión
integral del riesgo contra incendios y atención a emergencias durante todo el
año, y apropiar los recursos suficientes para la prestación eficiente e
ininterrumpida del servicio de bomberos.
A través de la Directiva 005
de 2021, la jefa del Ministerio Público pidió a los mandatarios formular o
actualizar las estrategias de respuesta a emergencias y los planes de
contingencia, para asegurar su financiación y seguimiento por parte de las
autoridades territoriales e instancias del SNGRD (Sistema Nacional de Gestión
del Riesgo de Desastres).
Así mismo, recomendó a los
alcaldes gestionar los contratos y/o convenios con los cuerpos de bomberos
voluntarios y transferir de manera oportuna los recursos de acuerdo a las
condiciones de cada negocio jurídico.
Adicionalmente, por medio del
Memorando 001 de 2021 el ente de control hizo un llamado a las autoridades
nacionales y territoriales a tomar medidas para prevenir, mitigar, atender y
dar solución efectiva a los incendios forestales, que se han convertido en uno
de los mayores problemas ambientales que enfrenta el país en el primer
trimestre del año.
En el memorando, dirigido a la
UGRD (Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastres), a los ministerios de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, Defensa, Interior, Justicia, y Agricultura y Desarrollo Rural; al
Ejército, la Policía Nacional, los gobernadores, alcaldes municipales y
distritales, a las corporaciones autónomas regionales, y a Parques Nacionales
de Colombia, la Procuraduría requirió acciones que permitan proteger los
recursos naturales.
El órgano de control pidió
aplicar medidas de prevención, atención y recuperación de desastres, establecer
estrategias de almacenamientos de agua, protección de reservorios, así como
buscar sistemas alternativos de abastecimiento, y poner en marcha acciones
interinstitucionales para prevenir y mitigar las actividades ilegales como la
deforestación, la caza, la quema para renovación de cultivos, la ocupación de
predios y la expansión de la frontera agrícola.
Fuente: Comunicaciones
Procuraduría.
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