Antes de esta fecha, las entidades deben
dar a conocer el número de cargos provistos a personas con discapacidad, de
acuerdo con lo establecido en el Decreto 2011 de 2017.
La información debe reportarse en el
Sistema de Información y Gestión del Empleo Público, SIGEP.
Bogotá, jueves 6 de febrero de
2020. Hasta este viernes 14 de febrero tendrán plazo las entidades públicas de
los órdenes nacional y territorial para reportar el estado de vinculación de
personal con discapacidad a sus plantas de personal en el Sistema de Información
y Gestión del Empleo Público, SIGEP, con corte al 31 de diciembre de 2019.
Esta información, representa
el primer balance de cumplimiento del Decreto 2011 de 2017, expedido por el
Gobierno nacional para establecer los porcentajes de ingreso de este sector de
la población al Estado.
Esta norma estipula que, para
el 31 de diciembre de 2019, debían estar ocupados por personas con discapacidad
el 2% de las plantas que cuenten entre 1 y 1.000 empleos; si las plantas
registran entre 1.001 y 3.000 empleos, se debía asignar el 1%; y, finalmente,
las personas con discapacidad debían ocupar el 0,5% de las plantas mayores a
3.001 empleos.
“El empleo público del país
continúa avanzando de manera firme hacia la integración de personas con
discapacidad en sus plantas de personal”, señaló el director de Función
Pública, Fernando Grillo, quien resaltó “el rol fundamental y la guía de la
Alta Consejería para la Participación de las Personas con Discapacidad, en
cabeza de su director Jairo Clopatofsky, así como del Ministerio de Trabajo y
el Servicio Público de Empleo, cuya acción efectiva nos ha permitido llevar
este mensaje a todo el país para lograr la meta, al final del cuatrienio, de
vincular al menos a 12 mil de estas personas al sector administrativo”.
Las cifras de 2019
De acuerdo con cifras del 30
de noviembre de la vigencia anterior, 3.877 personas con algún tipo de
discapacidad están vinculadas al sector público, de las cuales 1.645 laboran
para entidades del orden nacional y 1.563 pertenecen al orden territorial.
Adicionalmente, la Rama
Judicial cuenta con 420 personas con discapacidad en sus entidades; los órganos
de control, 96 en el orden nacional y 83 en el territorial; a los entes
autónomos nacionales han ingresado 40 nuevos servidores y en los territoriales
19; finalmente, el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no
Repetición cuenta con 9 servidores con discapacidad y la Rama Legislativa con
2.
Así mismo, los hombres
representan el 57% y las mujeres el 43% del total de personas con discapacidad
en el servicio público.
En cuanto al tipo de
vinculación de estos servidores públicos, el 37,4% hace parte de la carrera
administrativa; el 33%, tiene nombramiento provisional; el 9,1% es de libre
nombramiento y remoción y el 2,2% son trabajadores oficiales.
La discapacidad más frecuente
entre este grupo de servidores públicos es la física con 41,8%; a continuación
están la visual, con 27,5%, y la auditiva, con 9,5%.
Cierran este listado la
discapacidad múltiple, con 2%; la psicosocial, con 3,5%, y la intelectual con
2,8%.
Adicionalmente, es de resaltar
los altos niveles educativos que ha alcanzado esta población, representado en
que el 35% cuenta con estudios profesionales; el 16% presenta una especialización, el 22% acredita
estudios en carreras técnicas y tecnológicas.
La Procuraduría General y Función Pública harán
seguimiento a los reportes de las entidades
Por último, el director Grillo
invitó a las entidades públicas “a cumplir con lo establecido en el Decreto
2011 de 2017, el cual señala unos porcentajes adicionales de vinculación para
el 2023 y el 2027”, aseveró; al respecto, cabe recordar que, para promover el
cumplimiento de la norma, la Procuraduría General de la Nación se sumó al
llamado del Gobierno nacional con la expedición de la Circular Conjunta 025 de
2019, la cual invita a las entidades “a adelantar las acciones necesarias para
dar cumplimiento a la meta establecida en términos de vinculación personas con
discapacidad”.
Así mismo, este documento
ratifica al SIGEP como la fuente oficial de reporte, “por lo que las entidades
y servidores públicos deberán mantener actualizada la información solicitada en
este sistema”.
Finalmente, el ente de control
y Función Pública anuncian que continuarán “realizando seguimiento al
cumplimiento de los requerimientos de esta circular conjunta y demás
disposiciones que materialicen la garantía de los derechos de las personas con
discapacidad”.
Fuente: Oficina Asesora de
Comunicaciones.
Ajuste de contenido y diagramación:
bersoahoy.co
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