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| Jorge Castellanos de la Corporación Compromiso |
Representantes de un centenar de organizaciones que están en contra de la explotación irracional de la minería, realizaron el I encuentro nacional minero-energético y III encuentro orientado al reclamo.
Al final del certamen se
produjo una declaración que encierra un gran compendio al redor de la minería,
la exploración y la explotación que solo mira el aspecto económico sin tener en
cuenta el impacto social, la soberanía, el patrimonio y la vida humana. La
declaración dice textualmente:
Hacia una nueva política
minero-energética
Cómo vemos el problema:
La idea de convertir a
Colombia en una potencia minero energética, centrando su economía en la
actividad extractiva, atenta contra la soberanía
nacional, el patrimonio natural y las bases mismas de la vida. La
globalización neoliberal que ha facilitado la intervención del capital
transnacional en todos los ámbitos, tiene a la agricultura y la industria casi
al borde de la extinción; ferió el patrimonio público especialmente en los
renglones estratégicos de la economía, debilitó la capacidad regulatoria de la
sociedad montando un régimen antidemocrático, y privatizó los derechos de la
población. La economía está pensada desde entonces al servicio del mercado
extranjero y no de los intereses nacionales, ni en beneficio del pueblo
colombiano.
De esta manera, el país perdió
la soberanía sobre los bienes naturales y los alimentos, permitiendo que las
empresas transnacionales llegaran hoy a controlar su uso, en función de los
negocios mineros y energéticos, ahora facilitados también en los tratados de
libre comercio. La institucionalidad fue suplantada por la “Responsabilidad
Social Empresarial”, se vendieron las empresas públicas del sector y las que
sobreviven lo hacen bajo la lógica neoliberal, se adaptaron normas ambientales,
laborales y tributarias para generar “Confianza Inversionista”, se acomodaron a
esos intereses las consultas previas y se criminalizaron las protestas en
contra de tales medidas.
Hoy los colombianos y las
colombianas, no tenemos las condiciones necesarias para ejercer el poder
ciudadano de participar, decidir, controlar y ajustar los procesos productivos
en torno a la minería y la energía. Estamos limitados institucionalmente para
incidir en las políticas que se trazan sobre estas actividades. No existen los
espacios para replantear el modelo minero-energético que se impone. Todo en
detrimento de la sostenibilidad ambiental de la nación, de la pequeña minería y
tradicional, de los derechos de los trabajadores, de la permanencia en el
territorio de las comunidades tradicionales, campesinas, pesqueras, afros e
indígenas, y de las finanzas y los ingresos del país.
La única forma en que podremos
salvar al país de la Locomotora Minero-Energética es fortaleciendo la más
amplia unidad del pueblo colombiano, a través de la movilización social, en
resistencia contra este modelo de desarrollo y avanzando en la construcción de
una política alternativa. El debate de la política minero-energética debe
vincular a la sociedad entera. Es necesario que todos los sectores críticos de
este modelo, desde lo ambiental, lo étnico, lo cultural, los derechos, lo
académico, lo productivo, lo político y lo laboral, nos involucremos en la
definición de un futuro diferente para la nación.
Las bases de nuestras propuestas comunes:
La sociedad requiere de una
explotación minero-energética necesaria. Esta actividad debe realizarse de
acuerdo a los intereses de la nación, debe estar supeditada a la protección del
patrimonio natural y de las bases de la vida para las generaciones futuras, y
debe estar bajo el control de un Estado que actúe en coherencia con estos
criterios. Las empresas estatales deben realizar directamente o a través de
Asociación las actividades de explotación minero-energética, por lo que las
actuales Concesiones deben revertir a la nación. En consecuencia, los términos
de la inversión extranjera también tendrán que modificarse sustancialmente.
Una nueva política
minero-energética requiere que el Estado recupere el control, fiscalización y
dirección sobre la exploración, explotación y comercialización de sus recursos
naturales no renovables, hoy en manos de las transnacionales
minero-energéticas. Es necesario fortalecer las instituciones, la participación
ciudadana y las empresas del Estado, que permitan recuperar y ejercer la
soberanía nacional y la autodeterminación de los pueblos en los territorios,
condiciones necesarias para el cambio del modelo energético.
Una nueva política debe
orientarse a generar energía, materias primas y recursos de capital de manera
racional e integral, apoyando el desarrollo de la agricultura y la industria de
la nación, la permanencia de las comunidades en el territorio y el
reconocimiento de sus formas organizativas. Debe fortalecerse la investigación
en ciencia y tecnología, conjuntamente con la recuperación de los saberes
tradicionales, a través de la educación comunitaria y de universidades y
centros de investigación públicos, e independientes de las transnacionales y
sus gremios.
Una nueva política
minero-energética debe considerar la crisis ambiental y humanitaria del planeta
y, por lo tanto, tendrá en sus propósitos la búsqueda de fuentes alternativas y
el rediseño de la matriz energética. Incluso, debe plantear la delimitación de
zonas donde no haya ningún tipo de explotación minero-energética y preservar
reservas de minerales e hidrocarburos para generaciones futuras. Igualmente, es
necesario suspender la explotación de petróleos no convencionales, hasta que
existan suficientes estudios serios sobre el impacto ambiental y geológico y se
generen técnicas que garanticen una explotación segura y muestren la
conveniencia de su desarrollo para los intereses nacionales y regionales.
Es imperioso suspender el
otorgamiento de nuevos títulos y licencias ambientales a los proyectos transnacionales minero-energéticos y a cielo
abierto. Se debe garantizar que ésta actividad se ejecute acorde a los
intereses del país y que existan garantías suficientes para la protección de
los derechos humanos, económicos, sociales, ambientales y culturales de las
comunidades. El Estado debe propiciar la revisión de los actuales contratos con
este tipo de minería, revocando aquellos que sean contrarios a los intereses
del país.
En esas perspectivas, los
criterios generales de una nueva política minero-energética son:
1. El aumento de la renta y la compensación de los daños
causados.
2. La protección y el acceso de los pueblos a los bienes
naturales.
3. La defensa de los mineros artesanales, pequeños y
medianos.
4. La defensa de los derechos laborales y sindicales de los
trabajadores.
5. La defensa del territorio, la cultura y la organización
social de las comunidades.
1. El aumento de la renta y la
compensación de los daños causados:
El Estado, como principal
inversionista de la actividad minero-energética en tanto aporta su recurso
natural no renovable, debe ser el actor que perciba la porción más alta de la
renta. El Estado debe eliminar las exenciones tributarias al capital extranjero
y revivir nuevamente el impuesto a la remisión de las utilidades de este tipo
de capital.
En este mismo sentido, con el
objeto de promover el desarrollo de la industria nacional, deberá cobrarse un
impuesto diferenciado dependiendo del grado de transformación que se le dé al
mineral o al hidrocarburo. A mayor valor agregado de la materia prima menos
impuesto, a menor valor agregado más impuesto.
Los recursos naturales no
renovables son de la nación en el subsuelo y cuando se extraen de éste. Por eso
la responsabilidad sobre su comercialización debe ser fundamentalmente del
Estado.
El cobro de las regalías debe
modificarse para que la participación de la nación aumente, considerando que
estas se reciben en una sola ocasión. Se tendrán en cuenta, al menos, tres
variables para el cobro de las regalías:
1. La variación en los precios internacionales de los
minerales e hidrocarburos, como una ganancia extraordinaria para el Estado
cuando estén muy altos y una tasa mínima de retorno, cuando estén muy bajos
2. El agotamiento del recurso, cobrando una regalía cada vez
mayor en la medida en que las reservas disminuyan.
3. La facilidad en la extracción del recurso, determinado
por la concentración del yacimiento, su ubicación y su posición geoestratégica
con relación a los centros de consumo.
Las regalías deberán
descentralizarse, beneficiando principalmente a las regiones productoras, que
son –a su vez- las que soportan los mayores impactos ambientales, sociales,
laborales y culturales. Sobre estos recursos deberá ejercerse un mayor control
de parte de la sociedad civil.
Finalmente, una nueva política
tendrá que tener en cuenta una contabilidad completa de la actividad
minero-energética, que mida los
beneficios pero también los costos ambientales y sociales, y el costo de
oportunidad con otras actividades, para definir si es conveniente para la
nación. Esa nueva política debe analizar
la posibilidad de no extraer los recursos, en la perspectiva de buscar mayores
beneficios hacia el futuro.
2. La protección y el acceso
de los pueblos a los bienes naturales:
Una nueva política
minero-energética debe considerar la huella ecológica, la huella hídrica, altos
estándares de cumplimiento a las normas ambientales y estricto cumplimiento a
la Constitución y a la legislación colombiana. Controles efectivos para evitar
daños ambientales irreversibles y exigir fuertes compensaciones por los daños
causados. Exigir pólizas de cumplimiento. Prohibiremos los mega proyectos
minero-energéticos en páramos, en humedales, cuencas hidrográficas, arrasar
zonas de reserva y parques naturales nacionales y regionales, y en zonas de
seguridad y soberanía alimentaria. Hay que reconsiderar los proyectos que estén
en zonas en proceso de desertización y exigir licencia ambiental para la exploración.
En lo referente a las
represas, se debe adelantar un diagnóstico sobre los beneficios e impactos
generados por las represas en Colombia, que permita viabilizar la toma de
decisiones sobre nuevos proyectos y la reparación integral de las comunidades
afectadas por las ya construidas y en proceso de construcción. Condicionar el
montaje de nuevos proyectos hidroeléctricos a la realización de estudios que
muestren las verdaderas necesidades energéticas del país y que prioricen el
mejoramiento de la calidad de vida de la población, antes que las aspiraciones
de máxima ganancia por parte de las empresas del sector eléctrico, colocando
además límites a la exportación de energía eléctrica.
3. La defensa de los mineros
artesanales, pequeños y medianos.
Como aspecto fundamental para
elaborar una nueva política minero-energética, debe establecerse una diferencia
entre la explotación artesanal, pequeña, mediana y a gran escala. Debe
detenerse la criminalización y persecución a los mineros artesanales, pequeños
y medianos.Debe haber exigencias ambientales, sociales, económicas y laborales
para todas ellas, pero considerando su tamaño y capacidad económica.
Para no condenar a las
explotaciones de menor escala al atraso tecnológico y permitir el cumplimiento de estándares
ambientales, sociales y laborales por parte de éste tipo de mineros, el Estado
debe promover su asociación y prestar acompañamiento técnico y económico, a
través de planes de capacitación, asistencia técnica y créditos.
4. La defensa de los derechos
laborales y sindicales de los trabajadores:
El Estado debe definir una
política en este campo que respete los derechos laborales y sindicales de los
trabajadores. Una política laboral que incluya el respeto a la vida y derechos
de los trabajadores del sector minero energético, incluidos los pequeños
mineros, mineros tradicionales y mineros artesanales, la superación del trabajo
precarizado y tercerizado. En general,
que asegure a todos los trabajadores del sector minero energético, un trabajo
digno.
Considerar la minería como una
actividad de alto riesgo y que, por lo tanto, establezca condiciones de trabajo
y garantías especiales para los trabajadores.
5. La defensa del territorio,
la cultura y la organización social de las comunidades:
En lo referente a los aspectos
social, cultural y territorial, consideramos que una política pensada en la
defensa del interés nacional, debe:
1. Proteger la permanencia en el territorio de las
comunidades y reconocer su autodeterminación.
2. Oponerse al desplazamiento de la población.
3. Que las Fuerzas Armadas y de Policía defiendan la
soberanía y los intereses de los pueblos y no a las multinacionales.
4. Respeto al derecho a la organización y la protesta de las
comunidades afectadas por los proyectos mineros y energéticos que intervienen
sus territorios
5. Respetar y defender la cosmovisión de los pueblos
indígenas y la identidad cultural de poblaciones campesinas, pescadoras y
afros.
6. Garantizar el derecho fundamental de las comunidades
indígenas, afros, campesinas y pescadoras, a la consulta previa, libre,
autónoma e informada con carácter decisorio, con su consentimiento, como
requisito inequívoco para la adjudicación de títulos mineros o de explotación
de hidrocarburos.
7. Proteger e impulsar alternativas productivas, incluyendo
la agricultura campesina y la pesca.
8. Plantearse la actividad minera en articulación con la
agricultura y la industria y no en reemplazo de la misma.
9. Garantizar la competencia y autonomía de las comunidades,
los Concejos y las Asambleas para el ordenamiento del territorio.
Todo lo anterior hace parte de
una política minero-energética integral. En términos generales, debe tener
criterios claros, de acuerdo con los intereses nacionales, sobre: dónde, quiénes,
cómo, cuánta y para qué se realiza la explotación minero-energética. Cumplirla,
implica necesariamente una política diferente a la planteada bajo la lógica
neoliberal que ha profundizado el gobierno de Juan Manuel Santos.
Con estos enunciados básicos,
los y las asistentes al I Encuentro Nacional Minero-Energético y III Encuentro
de Reclame manifestamos nuestro compromiso de seguir trabajando por la más
amplia unidad del pueblo colombiano para frenar la Locomotora
Minero-Energética, derrotar la concepción de “Colombia: País Minero” y avanzar
en la consolidación de un movimiento social desde lo local, lo regional y lo nacional capaz de implementar una nueva
política minero-energética.
En este camino, convocamos a
todos los sectores del país a que intercambiemos estas propuestas en un
Congreso Nacional Minero y Energético, y a que preparemos una Jornada Nacional
de Movilización en el segundo semestre del 2013.
En la construcción de este
Encuentro y de las tareas planteadas, manifestamos nuestro saludo a los autores
del libro “Minería en Colombia: Fundamentos para superar el modelo
extractivista”, elaborado por la Contraloría General de la República, por
considerarlo un material valioso y necesario en la defensa de los intereses de
la nación.
Bogotá, mayo 17 de 2013.
Suscribimos:
Red Colombiana Frente a la
Gran Minería Transnacional, RECLAME - Movimiento Colombiano en Defensa de los
Territorios y Afectados por las Represas “Ríos Vivos” - Central Unitaria de
Trabajadores, CUT - Unión Sindical Obrera, USO - Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Industria del Carbón, Sintracarbón - Confederación Nacional
de Mineros de Colombia, Conalminercol - Polo Democrático Alternativo - Congreso
de Los Pueblos - Corporación AurySaráMarrugo - Asociación Minga - Centro de
Estudios del Trabajo, Cedetrabajo - Censat Agua Viva - Colectivo Soberanía y
Naturaleza - Corporación para la Educación, el Desarrollo y la Investigación
Popular, Cedins - Asamblea Sur, Bogotá - Movimiento por la Defensa de los
Derechos del Pueblo, Modep - Proceso de Comunidades Negras, PCN - Coordinador
Nacional Agrario, CNA - Comité Cívico por la Defensa del Río Ranchería y el
Manantial Cañaverales - Comité por la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán
- Comité de Integración del Macizo Colombiano, Cima – Cauca -
Asociación Nacional por la
Salvación Agropecuaria - Federación Santandereana de Mineros, Fesamin -
Federación de Mineros del Chocó, Fedemichocó - Organización Colombiana de
Estudiantes, OCE - Corporación para el Desarrollo del Oriente, Compromiso -
Fuerza de Mujeres Wayuu - Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia, Redher -
Federación de Mineros de Caldas y Risaralda – EntreRedes - Red en
Contracorriente a la Megaminería – Asocamir - Reclame capítulo Huila - Reclame
capítulo Boyacá - Reclame capítulo Cauca - Tejiendo Raíces - Amas Bucaramanga –
Ceprodesu - Ladrilleros de Popayán - Asociación Minera de la Provincia de Soto,
Asomiprosoto – Fepemicar - Asociación de Areneros –Sanpac, Santander -
Asociación de Mineros del Bajo Chuscal - Simtraemsdes, Pereira - Grupos
Ecológicos de Risaralda, GER –Acsomayo - Observatorio Ojo de Pescado, Pereira
–Cabildo KwanasC,xhab, Puerto Asís - Colectivo por la Protección del Sugamuxi -
Colectivo Campo - Fundación para el Medio Ambiente y la Paz en Colombia, Fumpaz
- Alianza Quindiana contra la Megaminería - Corporación Sembrar - Asomineros
del Bajo Cauca - Amigos del Páramo Miraflores - Mesa Permanente del Pueblo
Kofan - Minga Bakatá - Colectivo Manda La Tierra - Colectivos Ansur - Hijos del
Sur, Universidad Cooperativa - Defensoras y Defensores del Agua - Comité de
Integración Social del Catatumbo, Cisca - Movimiento por la Constituyente
Popular, MCP - Comité Universitario por la Defensa del Páramo de Santurbán -
Semillas de Paz – Apetras - Minga Juvenil Nacional - Sintramienergética, La
Jagua - Mesa de Organizaciones del Putumayo - Movimiento de Mineros
Tradicionales de Boyacá - Casajuca, Cajamarca - Corporación para el Desarrollo
y la Investigación Social, Corpeis - Reclame Universitario, Antioquia –
Cordecar - Corporación Integros - Fundación Kootirrawa – USO, Saldaña –
Fepemicar - Asociación de Mineros del Quindío - Unión Libre Ambiental –TeJuntas
- Red Proyecto Sur- Neiva
Fuente: Jorge Castellanos Pulido, corporación Compromiso
Fuente: Jorge Castellanos Pulido, corporación Compromiso
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