Restablecidos los derechos de las 222 familias del Cauca

Foto: La cronica del Quindio

Bogotá, 17 de marzo de 2023 (@UNGRD). – Por primera vez en Colombia se da aplicación a la Ley 1523 de 2012 por la cual se adopta la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en beneficio de familias afectadas por fenómenos naturales.

El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Javier Pava Sánchez, anunció que mediante Resolución N° 265 del 16 de marzo de 2023, se declararon áreas de utilidad pública e interés social en los municipios de Rosas, Timbío, Sotará, Patía, Mercaderes y Sucre del departamento del Cauca.

El representante del gobierno explicó que el propósito central de la resolución es restablecer los derechos de las 222 familias que resultaron damnificadas en el Cauca, tras el deslizamiento del 9 de enero de este año.

Además, aseguró que gracias a este mecanismo se definirán las áreas prioritarias de intervención indispensables para la compra de tierras rurales y el desarrollo de proyectos productivos que permitirán el reasentamiento de las familias damnificadas.

“Con la resolución esperamos tener disponibles 4 predios que suman en total 1.430 hectáreas. Una vez recibidos estos predios vamos a hacer una ocupación temporal que permita iniciar la autoconstrucción de viviendas y el desarrollo de proyectos productivos”, precisó el director general de la UNGRD.

El funcionario destacó que esta es la primera vez que en el país que se aplican los artículos 74, 75 y 76 de la Ley 1523 de 2012, por la cual se adopta la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, a los que se ha referido el presidente Gustavo Petro.

“Es indispensable que este tipo de medidas se empiecen a adoptar para todos los damnificados del país. Nosotros, desde la UNGRD, estamos totalmente comprometidos con los damnificados de Colombia. El tiempo que requerimos para avanzar en este tema lo hemos dedicado a la ubicación de diferentes predios y a la búsqueda de varias alternativas hasta concretar un mecanismo que hoy podemos anunciar a la ciudadanía en general sobre las medidas que vamos a establecer para el restablecimiento de los derechos de quienes lo han perdido todo en medio de esta tragedia”, enfatizó el director general del organismo.

Igualmente, Javier Pava Sánchez se solidarizó con las familias afectadas, al tiempo que se comprometió con ellas a que, “en el menor tiempo posible resolvamos la situación de miles de familias”.

Por último, aseguró que el Gobierno trabaja incansablemente para que a las 222 familias afectadas el 9 de enero de este año, junto a las 156 damnificadas por las emergencias del 2010 y 2019, se les restablezcan sus derechos.

“Es mi deber como director general de la UNGRD dar cumplimiento a la ley. Mi equipo de trabajo, y yo personalmente, estamos comprometidos de corazón para hacer de la Gestión del Riesgo de Desastres un proceso que transite de la asistencia humanitaria a la garantía de derechos”, puntualizó Javier Pava Sánchez, director general de la UNGRD.

(FIN)

Fuente: Ginna Santisteban

Oficina de Prensa Fondo Adaptación

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ANLA promueve identidad colectiva ambiental

Rodrigo Suárez Castaño
Director ANLA

Bogotá. – La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA- realizó un nuevo encuentro con el fin de avanzar en la socialización de pautas acerca de la construcción colectiva de la sostenibilidad ambiental y los beneficios sociales y económicos.

Rodrigo Suárez, director general de la ANLA y el subdirector de Mecanismos de Participación Ciudadana Ambiental de la entidad, Paulo Andrés Pérez, hicieron el lanzamiento del Sistema de Análisis Estratégico para la Transformación positiva de conflictos

Al respecto el representante de la entidad, Rodrigo Suárez expresó: Con la realización de este primer Simposio ANLA, marcamos un hito para la construcción colectiva de la sostenibilidad ambiental en el marco de las licencias, permisos y trámites ambientales. Ahora, con la realización de la segunda versión, consolidamos un evento que demostró estar a la altura de grandes realizaciones internacionales ambientales, que reúne a profesionales de talla global de entidades de América Latina, tales como el Servicio de Evaluación Ambiental de Chile (SEA), el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles de Perú (Senace), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), Banco Mundial, entre otros.

Entre las temáticas tratadas, se hallaron el fortalecimiento y desarrollo de la economía circular, a partir de la gestión del conocimiento de los actores involucrados en el proceso de creación, desarrollo y disposición de diferentes productos. Con estos avances se busca que se genere una conciencia colectiva y la construcción de confianza entre todos los actores de la cadena, así como, el fortalecimiento de la gestión del conocimiento para potenciar acciones de innovación. Por otro lado, la temática de participación ciudadana fue también un referente de este evento, ya que en el marco del Simposio, Rodrigo Suárez, director general de la ANLA y el subdirector de Mecanismos de Participación Ciudadana Ambiental de la ANLA, Paulo Andrés Pérez, hicieron el lanzamiento del Sistema de Análisis Estratégico para la Transformación positiva de conflictos, una herramienta innovadora que permitirá identificar la conflictividad ambiental en territorio y desarrollar estrategias que los mitiguen.

Gracias a estas iniciativas, las entidades podrán contar con conceptos y aportes de expertos multidisciplinarios, que son insumos para trazar rutas de trabajo a largo plazo que permitirán elaborar estrategias y proponer políticas de estado, que contribuyan a todos los actores que tienen relación con los proyectos, obras y actividades que son sujetos de licenciamiento, a desarrollar mejores estudios de impacto ambiental, obtener una mejor valoración de los impactos ambientales y trabajar en planes de compensación que eviten, mitiguen y compensen más efectiva y eficientemente los impactos.

En ese sentido, se espera que, a partir de los diferentes aprendizajes, las mejores prácticas compartidas y los aportes hechos por cada uno de los participantes, se logren desarrollar y consolidar acciones colectivas en pro del medio ambiente del país.

Pieza que vaya al link de Simposio ANLA:

https://www.anla.gov.co/01_anla/simposio/

Fuente: prensa ANLA.

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Detalles del rol de Teletrabajo y su vigilancia

Empresas, trabajadores y ARL tendrán responsabilidades propias

Andrés Monroy

Bogotá. - Una serie de instrucciones comenzaron a divulgarse a propósito de la aplicación de disposiciones legales de Teletrabajo en Colombia, según un experto de las Administradoras de Riesgos Laborales, o más conocidas como ARL.

Esta labor estará ahora bajo la vigilancia de las ARL, entes que han reseñado la serie de obligaciones que tiene  las empresas contratantes, entre ellas, que  tendrán que cumplir, por contrato, con normas como el pago de auxilio por el uso del internet, teléfono y energía, compensar a los trabajadores por el uso de equipos propios y respetar los mandatos de la desconexión laboral.

Los empleados, desde ahora, también tendrán deberes como reportar su estado de salud, e informar con veracidad sobre su lugar de trabajo.

Así mismo, el empleador y el trabajador, por mutuo acuerdo, podrán pactar una compensación mensual por el uso de herramientas de trabajo si estas son de propiedad del trabajador remoto, y de igual manera podrán acordar la posibilidad de desarrollar la labor contratada a través de horarios flexibles, siempre y cuando se dé cumplimiento a la jornada laboral semanal.

Según Andrés Monroy, gerente de Impuestos y Servicios Legales de Crowe Colombia, en este contrato, la empresa además tendrá la obligación de establecer con claridad el alcance de las funciones que debe desarrollar el trabajador, proveer las herramientas tecnológicas y las condiciones físicas del puesto de trabajo, dar a conocer las medidas de seguridad informática que debe cumplir el trabajador remoto, y también aclarar las circunstancias excepcionales en las que el trabajador tendrá que acudir a la oficina o centro de trabajo.

Ahora, aunque las normas que reglamentan este modelo de trabajo, para algunos críticos, no se diferencia de las anteriores, establecidas por ley, y reseñan un comparativo acerca de las generalidades propias que caracterizan al trabajo en casa, el teletrabajo y el trabajo remoto.

De igual manera, el empleador debe garantizar el derecho a la desconexión laboral, así como a informar y reportar frente a la ARL los detalles sobre el puesto de trabajo, los horarios de la jornada semanal y la clase de riesgo que corresponde a las labores ejecutadas por el trabajador.

Por otro lado, aclara el experto de Crowe Colombia, que la nueva norma detalla también las obligaciones del trabajador, que quedarán consignadas en el documento y que incluyen el cumplimiento de las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de Seguridad en el Trabajo de la empresa, cuidar y reportar su estado de salud, suministrar información veraz sobre su lugar de trabajo, y restituir los equipos y herramientas de trabajo entregados por el empleador en el estado en que fueron recibidos, salvo el deterioro por el uso normal de los mismos”.

Finalmente, para trabajo remoto, también las ARL tienen que cumplir funciones específicas como las de realizar los ajustes tecnológicos para el reporte de accidentes de trabajo y enfermedades laborales con énfasis en trabajo remoto. Así mismo, estas deben emitir sus recomendaciones y promover el cumplimiento de las normas relativas a la seguridad y salud, conforme con las características propias de este formato laboral.

Con la promulgación del Decreto 555, que regula el trabajo remoto y que se expidió recientemente, el Ministerio del Trabajo dio un paso más hacia la reglamentación de esta modalidad laboral cuyos límites no estaban claramente definidos y diferenciados frente al trabajo en casa y el teletrabajo, causando inseguridad jurídica para los colaboradores o para las empresas.

Según el Min TIC*, para finales de 2020 el 91% de las empresas colombianas se vieron obligadas a implementar el trabajo remoto, modelo que llegó para quedarse. Aunque ya, por ley, se habían establecido las normas para el Trabajo en casa y el Teletrabajo, ahora la ley 2121 reglamenta el Trabajo Remoto.

Acerca de Andrés Monroy - Gerente de Servicios Legales – Crowe Colombia

Andrés tiene más de 8 años de experiencia coordinando las prácticas prestadas a múltiples compañías en materia Legal y Tributaria en Crowe Colombia.

Es abogado y especialista en Derecho Comercial y Financiero de la Universidad Sergio Arboleda y especialista en Derecho Tributario de la Universidad Externado de Colombia.

Áreas de Práctica  

· Auditoría Tributaria.

· Asesoría Legal y Corporativa.

·  Due Diligence Tributario.

Fuente: Mabel Rocio Castillo Pineda                             

Prensa y Relaciones Públicas  - Redes:  @MabelPrensa

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Plazo para presentar Plan de Gestión de Riesgo a la Cdmb

Las alcaldías podrán hacerlos hasta el 7 de Septiembre

Una reunión de socialización  de  los lineamientos para la consolidación de los planes de gestión del riesgo, desarrolló en las últimas horas la Corporación de Defensa de la Meseta de Bucaramanga,  junto con los funcionarios encargados del tema en los municipios pertenecientes a la jurisdicción de la CDMB.

El encuentro  se realizó en cumplimiento a las pautas emitidas por la Presidencia de la República  de Colombia, a través de la Unidad nacional para la Gestión del Riesgo  de Desastres  -UNGRD-. Conforme a lo establecido en la Ley 1523 de 2012 para la elaboración de los planes de gestión del riesgo a nivel local y departamental.

Entre los temas abordados se incluyó el seguimiento a las directrices estipuladas por la UNGRDA, en cuanto a la creación de un Consejo Municipal de la Gestión del Riesgo y la construcción de los Planes de acción de Gestión del Riesgo, para la prevención de desastres.

Humberto Prada González, Subdirector de la Gestión  Urbana Sostenible de la CDMB,  dijo  “que se trata de hacer una planeación de la gestión del riesgo, creando un consejo municipal y un plan de acción en los diferentes municipios, con el objetivo de prevenir, para cuando lleguen los desastres, saber cómo actuar y mitigarlos.”

Igualmente la CDMB ratificó su compromiso de continuar apoyando a los 13 municipios pertenecientes a su área de influencia, en el proceso de conocimiento del riesgo, mediante la identificación, evaluación y análisis de las condiciones de amenaza, a través de sus principales causas, actores y  factores.

Las instrucciones y recomendaciones, se hicieron teniendo en cuenta que las autoridades municipales, deberán formular y adoptar sus respectivos planes de gestión del riesgo de desastres dentro del plazo establecido, el cual vence el próximo 7 de septiembre del año en curso. Fuente: Oficina de prensa de la Cdmb

  

Cdmb y alcaldía en alianza para gestión de riesgos

El alcalde Luis F Bohórquez y la directora de la
Cdmb, Elvia H Páez, durante rueda de prensa

Bucaramanga.-La directora general de la CDMB, Elvia Hercilia Páez Gómez, presentó al alcalde Luis Francisco Bohórquez  el plan de construcción de obras de mitigación de amenazas, por fenómenos de remoción de masas en zonas con alto grado de vulnerabilidad.

El resultado del estudio integral elaborado por un equipo de la CDMB encabezado por Juan Carlos Castro, Subdirector de Gestión Ambiental Urbana de dicha Corporación, determina el siguiente diagnóstico:

La amenaza y el riesgo sería por el fenómeno de remoción en masa en la Comuna Catorce y los barrios  Antonia Santos, San Pedro, San Martin y Quebrada La Iglesia (Comuna Nueve), el sector parte baja de la comuna Diez y el barrio El Porvenir (Comuna Once).

Fue tomada un área de estudio de 136 hectáreas, equivalentes a 4.246 predios.

EL RIESGO EN LA COMUNA CATORCE

El proceso de caracterización del estudio indica que en la Comuna Catorce 626 Unidades residenciales están en estado de amenaza baja; 1364 más en amenaza media, y otras 2500 en amenaza alta.

Teniendo en cuenta los resultados del estudio, se formula un proyecto que atenderá las prioridades de la Comuna Catorce, donde la solución estriba en la zonificación de la amenaza y habilitar terrenos que permitan adelantar la reubicación in situ de las familias que habitan este sector, garantizando condiciones de habitabilidad digna y segura, en un  proceso de desarrollo urbano sustentable.

DIAGNÓSTICO DE LA PRECARIEDAD URBANA

El diagnóstico ambiental de la CDMB entrega el siguiente panorama social:          

Un total de población afectada de 181 mil 993 habitantes (35% del total de la población en la ciudad), de los cuales 66 mil 723 viven en asentamientos precarios y 115 mil 270 en barrios precarios.

Uso del Suelo Urbano: 181 mil 993 habitantes en precariedad se ubican en el 10% del suelo urbano, mientras que los  336 mil 377 habitantes restantes, habitan el restante 90% del territorio.

PROYECTOS PARA GESTIÓN DEL RIESGO

Luego de su diagnóstico, la CDMB presentó al mandatario Luis Francisco Bohórquez la solución a la problemática urbana por ubicación de la población en zonas vulnerables, a través de dos grandes proyectos, cuyos recursos se deben gestionar ante instancias locales, regionales y el Gobierno Nacional.

Proyecto 1: Construcción Obras de Mitigación de Amenazas por Fenómenos de Remoción en Masa para habilitar áreas que actualmente se encuentran en riesgo mitigable de la comuna 14, y en 6 Sectores del Municipio de Bucaramanga.  Valor aproximado, 83 mil millones de pesos (fecha de entrega al municipio, 27 de enero de 2012).

Proyecto 2: Fase Uno del Plan General para el Control de la Erosión en el municipio de Bucaramanga. Valor aproximado, 181 mil millones de pesos (fecha de entrega al municipio, marzo 15 de 2012).

GLOSARIO

Amenaza (factor externo del riesgo): Es cualquier factor ajeno y fuera de control de los habitantes de una determinada zona, representado por un fenómeno físico que está latente, y que puede ocurrir y producir un desastre al manifestarse.

Vulnerabilidad (factor interno del riesgo): Es la incapacidad de resistencia de las personas y comunidades cuando se presenta un fenómeno amenazante, o la incapacidad para reponerse después de que ha ocurrido un desastre.

Riesgo: Probabilidad de que se produzcan consecuencias perjudiciales, o eventuales pérdidas de vidas, heridos, destrucción de propiedades y medios de vida., trastornos en la actividad económica, daños al medio ambiente, como resultado de la interacción entre las amenazas y las condiciones de vulnerabilidad.

Gestión del Riesgo:  La Gestión del Riesgo es una herramienta para responder de manera consciente al reto evolutivo de permanecer en un territorio, a través de una intervención institucional y social sobre los factores que generan amenazas y los que generan vulnerabilidades, con el fin de reducir el producto de los mismos, es decir el riesgo. Fuente: Oficina de prensa de la alcaldía