Jorge Enrique Robledo, Bogotá,
abril 25 de 2014
En todos los países se
construyen viviendas subsidiadas por el Estado. En Colombia ello ocurre desde
el BCH (1932) y el ICT (1939). Dichos subsidios obedecen a que muchos no tienen
con qué comprar casas o apartamentos que carezcan de aportes oficiales gratuitos,
recursos que también sirven para promover los negocios de la construcción
–tierras, materiales, capital financiero, constructores. Y son políticamente
muy eficaces porque aparentemente prueban lo mucho que quieren a los pobres los
mismos responsables de su pobreza: “Ustedes no saben que promovemos los TLC
–por ejemplo–, pero sí saben el nombre del partido y el número que hay que
marcar a cambio de darles o prometerles una casita”. El truco clientelista del
anzuelo y la carnada. Luego es una viveza presentar como si fueran una gran
cosa las viviendas con subsidios, cuando ello es apenas tan obvio como que el
Estado, con los impuestos de las clases bajas y medias que son las que los
pagan casi todos, gaste en salud, educación y vías. Son los detalles, entonces,
lo que hay que evaluarle al plan de las cien mil viviendas gratis de la
reelección.
Lo primero es señalar que la
política de vivienda aprobada en el Plan Nacional de Desarrollo no es la de las
cien mil gratuitas, proyecto que Santos solo le presenta al país en abril de
2012, ¡veinte meses después de empezada su administración! ¡Improvisaron con un
gasto de cuatro billones de pesos! Y lo hicieron cuando las cifras demostraban
que Santos no cumpliría su primera promesa.
Pocos colombianos además saben
que con el pretexto de las casas gratis se aprobó a las volandas la Ley 1537 de
2012, cuyo verdadero fin fue modificar de fondo el negocio de la vivienda
subsidiada. En adelante, los recursos públicos para estos proyectos tienen que
pagarle peaje al capital financiero –a través de las fiducias–, como ocurre con
los cuatro billones de pesos de las viviendas gratuitas, que hoy alegran al
primer banquero del país. Y la ley también impuso concentrar en las mayores
empresas constructoras este negocio, al exigirles financiar las construcciones.
No es casual, por tanto, que sólo 13 empresas se hayan quedado con los
contratos de la mitad de las viviendas gratuitas. Otra jugada pro monopolio en
el sector, como la que prohibió los anticipos.
Como tenía que ocurrir en este
gobierno, Santos y Vargas Lleras recorrieron el país prometiendo que
entregarían las cien mil viviendas en 2013 (http://bit.ly/1nHojxd), mentira que
dijeron a sabiendas porque en el Documento Conpes 3740 de 2013, ellos mismos
establecieron que se entregarían así: 12.000 en 2012, 35.000 en 2013; 28.000 en
2014 y 25.000 en 2015. Y cuando un boletín de mi oficina informó que no se
cumpliría la promesa pública de Santos y Vargas, luego de que el Ministerio de
Vivienda me certificara que apenas llevaban 10.353 a noviembre pasado, hay que
ver la grosera matonería en contra mía del ministro Luis Felipe Henao, así como
su dedicación a encubrir a sus patrones.
El 12 de diciembre, poco
después de certificar las escasas 10.353, Henao logró que Portafolio le
titulara que en 2013 “entregaría” en total cuarenta mil viviendas gratis, cifra
que el ministro no pudo demostrarme en carta del 23 de diciembre
(https://db.tt/HdpUyVrx), y de todas maneras inferior en 60 por ciento a lo
prometido. Ante tan burda manipulación, le solicité a Fidubogotá, la empresa
del Grupo Aval que intermedia los cuatro billones de pesos de este gran
negocio, que me certificara cuántas viviendas les había pagado contra entrega a
31 de diciembre a las empresas constructoras. Y ahí empezó la que puede ser la
peor parte de esta historia.
Porque ya van cuatro meses (escribo el 24 de abril) en los que Fidubogotá y el ministro Henao se niegan a entregarme la información, con lo que sabotean el trabajo de un senador que cumple con su deber de hacerle control político a las cifras de un gobierno al que la Constitución le ordena informar oportuna y verazmente, dentro del respeto a la moralidad administrativa. Y el tapen-tapen ha ido más allá: Fidubogotá –con la complicidad del ministro de Vivienda– se ha negado a enviar los informes mensuales y el semestral sobre el desenvolvimiento del conjunto del negocio de los cuatro billones. Es obvio que si el intermediario financiero y el ministro no están en condiciones de informar cada detalle de cómo gastan una suma enorme de recursos públicos, deben renunciar al contrato y al cargo, porque su indignidad los inhabilita para esas funciones. Fuente: Prensa del senador Robledo
Porque ya van cuatro meses (escribo el 24 de abril) en los que Fidubogotá y el ministro Henao se niegan a entregarme la información, con lo que sabotean el trabajo de un senador que cumple con su deber de hacerle control político a las cifras de un gobierno al que la Constitución le ordena informar oportuna y verazmente, dentro del respeto a la moralidad administrativa. Y el tapen-tapen ha ido más allá: Fidubogotá –con la complicidad del ministro de Vivienda– se ha negado a enviar los informes mensuales y el semestral sobre el desenvolvimiento del conjunto del negocio de los cuatro billones. Es obvio que si el intermediario financiero y el ministro no están en condiciones de informar cada detalle de cómo gastan una suma enorme de recursos públicos, deben renunciar al contrato y al cargo, porque su indignidad los inhabilita para esas funciones. Fuente: Prensa del senador Robledo
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