En desacuerdo con la Comisión del servicio civil

Se mostró el gobernador de Santander

El gobernador de Santander, Horacio Serpa

En carta dirigida al representante del organismo nacional, el exministro Horacio Serpa discrepó de la Comisión nacional del Servicio Civil en relación con decisiones que ordenan la desvinculación de personal que se halla en provisionalidad.

La carta dirigida por el mandatario de Santander al presidente de la comisión nacional del Servicio civil, dice:

Bucaramanga, junio 24 de 2011

Doctor

CARLOS HUMBERTO MORENO BERMUDEZ

Presidente

COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL - CNSC

Bogota.

Cordial Saludo.

La Comisión Nacional del Servicio Civil ha desempeñado un papel fundamental en la aplicación de los procesos de meritocracia para proveer cargos públicos. Como entidad territorial, hemos acatado a cabalidad cada una de las disposiciones que sobre el particular la CNSC ha resuelto. Se ha nombrando a los funcionarios en periodo de prueba para los cargos respectivos, preservando siempre los principios de transparencia y oportunidad.

Es de público conocimiento, que el ocho de junio del año en curso el Congreso de la República expidió el Acto Legislativo que establece nuevas condiciones para los provisionales y quienes se encuentran en encargo.

Considero que la expedición del mismo, modifica las reglas respecto del concurso de méritos. Condición tal que no debe ser desestimada y que llama al análisis, pues el nuevo texto plantea situaciones favorables para quienes ostentan la calidad de provisionales. Obviar esto conlleva a mi juicio a la vulneración de sus derechos.

El articulo 2º inciso segundo de la Constitución Nacional preceptúa: “Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”.

Respeto profundamente la figura que encarna la Comisión Nacional del Servicio Civil que usted representa. Sin embargo, me aparto de la aplicación de las resoluciones que conllevan a la desvinculación de funcionarios en provisionalidad. Lo precedente, reitero, en protección de los derechos de quienes son cobijados por la expedición del referido acto legislativo.

Es preciso señalar que sobre el particular, también se pronunció el Presidente Nacional de Sintraestatales, Doctor Carlos Castañeda Ravelo, quien me solicitó suspender la aplicación de las resoluciones que determinan nuevos nombramientos en periodo de prueba, a instancias de esta normatividad.

Por lo que acabo de exponer, no es posible dar aplicación a las resoluciones que ordenan la desvinculación de funcionarios en provisionalidad.

Con mí acostumbrado respeto.
Atentamente,

HORACIO SERPA URIBE
Gobernador de Santander

Investigación a Uribe por "chuzadas" será pública

Esta es DigiRadiocom de Colombia, desde Bucaramanga para el mundo; editor: Bernardo Socha Acosta

Álvaro Uribe

Bogotá, 20 ene (EFE).- Un tribunal de Bogotá le ordenó a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes que la investigación que adelanta contra el expresidente Álvaro Uribe, por escuchas ilegales contra opositores, defensores de derechos humanos y periodistas, sea pública, se informó hoy.

Un vocero de prensa del Colectivo de Abogados "José Alvear", una organización no gubernamental, dijo a Efe que a través de uno de sus letrados interpuso una tutela (recurso constitucional de amparo) que buscaba que esa investigación fuera pública.

Según el colectivo, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá le ordenó a la Comisión de la Cámara, que la investigación que adelanta contra el expresidente Uribe (2002-2010), fuera de carácter público.

Para la sala, la comisión está "obligada constitucional y legalmente a adelantar las investigaciones por fuero presidencial de manera pública, permitiendo el acceso general al expediente y realizando sus deliberaciones de cara a la Nación."

Hasta el momento la célula legislativa ha escuchado a la exsubdirectora de Operaciones del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, inteligencia estatal), Martha Leal y al exmagistrado Yesid Ramírez.

Mientras que el Comité de la Cámara de Representantes -juez natural de los gobernantes del país-, adelanta la investigación a Uribe, a la Corte Suprema de Justicia de Colombia (CSJ), la Fiscalía General y a la Procuraduría General, se han procesado o condenado a varios excargos del Ejecutivo y del DAS implicados en los mismos hechos.

El "escándalo de las chuzadas", como se conoce en Colombia a las escuchas ilegales por parte de funcionarios y detectives del DAS, organismo que depende directamente de la Presidencia de la República, se conoció en 2008 por un reportaje de la revista Semana. EFE

Personas y organizaciones civiles denuncian crímenes de Lesa humanidad

es DigiRadiocom de Colombia, desde Bucaramanga para el mundo; editor: Bernardo Socha Acosta

Bogotá, 29 de noviembre de 2010.

Alvaro Uribe
Ex presidente

Bogotá.- Por considerar que la investigación que se adelanta contra Álvaro Uribe Vélez en la Comisión de Acusaciones de la Cámara por el llamado escándalo del DAS se adelanta a espaldas del país y de las víctimas y desconoce las pruebas existentes en los procesos disciplinarios y penales, un grupo de cuarenta personas, entre organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, periodistas, congresistas, un partido político, ex congresistas, un ex magistrado de la Corte Constitucional y diferentes profesionales, presentarán hoy una denuncia penal por crímenes de lesa humanidad contra el Presidente de la República durante el período 2002-2010.

En la denuncia, las víctimas del DAS alegan que lo sucedido en el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) siguió lineamientos y directrices desde la Presidencia de la República en contra de más de 300 personas y con pleno conocimiento del ex mandatario. Así lo demuestran la coherencia entre los discursos presidenciales que atacaban a quienes al mismo tiempo estaban siendo víctimas de seguimientos ilegales, interceptaciones electrónicas y telefónicas sin orden judicial, amenazas, montajes y campañas de desprestigio, así como labores de inteligencia y contrainteligencia por parte del DAS.

Para los denunciantes, es claro que los crímenes cometidos desde la policía secreta, adscrita y dependiente jerárquica y funcionalmente del Presidente de la República, constituyen persecución política y tortura psicológica, delitos considerados como de lesa humanidad.

Entre los firmantes de la denuncia se encuentran Clara López Obregón, presidenta y representante legal del Polo Democrático Alternativo; la ex congresista Piedad Córdoba, el representante Iván Cepeda, los periodistas Carlos Lozano Guillén, Hollman Morris, Maureén Maya, Adriana Cuéllar y Claudia Julieta Duque; el ex magistrado y ex candidato presidencial Jaime Araujo Rentaría; y miembros de organizaciones como la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR), la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP), entre otros.

Los denunciantes solicitan a la Comisión de Acusaciones pedir como prueba trasladada la totalidad de las 93 AZs que fueron confiscadas por la Fiscalía General de la Nación, así como la totalidad del acervo probatorio existente en los procesos penal y disciplinario y una copia auténtica de los discursos del ex presidente Uribe en contra de ONGs, defensores de derechos humanos, periodistas y la Corte Suprema de Justicia.

De igual manera, reprochan la negligencia de la Comisión de Acusaciones en otras investigaciones contra ex Presidentes, y solicitan que, en caso de que el proceso llegue a juicio, sea enviado a la Corte Suprema de Justicia por tratarse de delitos ordinarios que no tienen relación con el fuero presidencial.

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Fuente: Oficina de Prensa
Iván Cepeda Castro
Cámara de Representantes - Congreso de la República de Colombia  -Tel: 3 82 4416